“El aumento de la precariedad laboral cambia el discurso de la UE”. Paulo Pena | Harald Schumann (INVESTIGATE EUROPE). infoLibre

Elección tras elección, en Europa se habla de un mismo tema: el empleo. Ya sea por la creciente precariedad, ya sea por la ausencia de un futuro más prometedor, la agenda laboral está en lo más alto de las preocupaciones políticas europeas. Así ocurrió en las elecciones francesas y en el referéndum del Brexit, volvió a suceder en Alemania. Puede que la precariedad laboral no sea la causa principal, pero desempeña un papel en la Europa que se enfrenta al populismo. Y se ha ganado el protagonismo en las calles francesas, donde la reforma laboral de Macron choca con el rechazo de parte del electorado que le eligió.

 El problema es tan grave como parece. La UE atraviesa por su mejor momento económico de la última década. Desde 2012 se han creado 5,5 millones de empleos. Pero cuatro de cada cinco de ellos, según revela Eurostat –la oficina estadística de la UE– son temporales o a tiempo parcial. Y, sobre todo, están mal pagados. Del lado de los trabajadores afectados, las estadísticas también son claras: dos tercios preferirían tener un puesto fijo y a tiempo completo, según revela el más reciente informe de la UE sobre el mercado laboral.

Las instituciones que hace unos pocos años defendían “reformas estructurales” de la legislación laboral están ahora preocupadas por los efectos de la precarización. El BCE, la Comisión Europea y el FMI, la antigua troika, han cambiado su discurso: la troika de 2017 critica a la troika de 2011.

Casi la mitad de los empleados con menos de 25 años tienen contratos temporales. En España son más del 70%. “Es un gran problema”, dice Marianne Thyssen, comisaria de la UE para el Empleo y Asuntos Sociales. La comisaria recibe a Investigate Europe en su despacho, en el edificio Berlaymont de Bruselas. En el mismo piso se encuentra Valdis Dombrovski, el letón que dirige el debate económico en torno al euro. Históricamente, estos dos ejes han tratado los asuntos laborales de manera muy diferente. Hoy, la comisaria Thyssen parece tener mayor autonomía. A lo largo de más de una hora de conversación, la democristiana belga no se solidariza ni por una vez con la política seguida en el pasado por la comisión que encabezaba José Manuel Durão Barroso“No se me puede hacer responsable de una política que no es mía”, aclara.

Para Thyssen, la prioridad no es eliminar la protección de las leyes laborales, sino la precarización, que “impide a los jóvenes dejar la casa de sus padres: con contratos precarios, no pueden comprarse una casa o tomar decisiones para su futuro, y eso debilita a toda la economía”, advierte la comisaria belga. “Cuanto más precarios son los empleos, menos productiva es la economía”, afirma Thyssen.

Y no es la única. Investigate Europe se citó en Francia con Olivier Blanchard. “Todas esas formas de trabajo inseguras son extremadamente caras –tanto para los afectados como para el conjunto de la sociedad”, asegura el profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien también fue economista jefe del FMI entre 2008 y 2015.

Pero, ¿por qué razón ha alcanzado estos niveles la inseguridad en el trabajo? ¿Y qué debe ocurrir para frenar la tendencia?

El comisario que precedió a Thyssen al frente de la cartera de Empleo, el húngaro Laszlo Andor, también es claro al hacer su balance. La promesa de que vendrían mejores empleos y habría menos “segmentación” entre precarios y fijos si las leyes laborales se flexibilizaban es, “en general”, una política que “no funciona”. Para Andor, que es economista, también “hay poca relación, si es que hay alguna” entre una menor protección laboral y el deseado crecimiento económico. Es decir, según Andor, el objetivo de las políticas económicas de Durão Barroso y Olli Rehn estaba desviado. Y falló.

En Lisboa, Investigate Europe entrevistó al autor de la primera gran reforma laboral de los últimos años en Portugal, el Código de Trabajo de 2003. “No pienso lo mismo que pensaba entonces. La relación entre la desregulación de los mercados de trabajo y el crecimiento económico es un error. No existe tal relación”, explica António Bagão Félix.

El exministro de Trabajo en el primer Gobierno de Durão Barroso sigue pensando que “un cierto nivel de desregulación puede ser positivo”, pero el punto que quiere dejar claro es otro: “Tiene que haber un límite. Traspasar el límite es un riesgo porque acabamos deshumanizando el mercado de trabajo. La lógica tras la desregulación considera el mercado de trabajo como un factor negativo, un productor natural de desempleo. Y ésa es una idea superada, de los años 70 y 80. Tenía sentido en una época que ya no estamos viviendo”.

Una nueva agenda

Pero la gran desregulación laboral acabó por llegar después de 2010. A medida que la crisis financiera llevó a muchos países de la UE a la recesión y disparó la deuda y el desempleo, las reformas laborales se convirtieron en prioritarias para la Comisión Europea en la época liderada por Durão Barroso.

A Olivier Blanchard, que entonces dirigía la investigación económica del FMI, le pareció extraño… “Las reformas estructurales no fueron un gran tema hasta 2009”, recuerda. Pero, de repente, se convirtieron en “un eslogan” que se escuchaba en todas las conferencias o discursos. “Existía esa visión de que, con unos sindicatos debilitados y más flexibilidad salarial, la salida de la crisis sería más rápida y eso se expuso como un credo religioso”, recuerda Blanchard. Y, claro, “los ministros de Finanzas y los bancos centrales pasaron así la carga a otros”, ironiza.

El responsable de Economía en la Comisión, el finlandés Olli Rehn, pidió a los países afectados por la crisis formas de flexibilizar los salarios y “más incentivos para que los desempleados encuentren trabajo”. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, presionaba a los gobiernos de España e Italia. Para recuperar su credibilidad, debían “reformar el sistema de negociación colectiva y aprobar convenios de empresa, a fin de adaptar los salarios y las condiciones de trabajo a sus requisitos específicos”, escribió en una carta al Gobierno de Roma. El presidente del BCE también exigió a España “medidas para rebajar los salarios en el sector privado” y contratos de trabajo “con menores indemnizaciones de despido”.

Los responsables de la Dirección General de Economía y Finanzas, que dependía de Olli Rehn, elaboraron entonces un “informe sobre el desarrollo del mercado de trabajo” donde explicaban exactamente qué reformas son “favorables al empleo”. Según el documento, de 2012, esas reformas debían “aumentar la duración máxima de los contratos temporales y el número máximo de renovaciones” y “disminuir la cobertura de la negociación colectiva o la extensión de los acuerdos colectivos”. Una de estas reglas es casi una definición ideológica. La Dirección General buscaba “una reducción global del poder de negociación de salarios por parte de los sindicatos”.

Esta agenda fue particularmente evidente en los países afectados por la crisis, como Portugal, Grecia y Rumanía. Los funcionarios de la troika designada por la Comisión Europea, el FMI y el BCE usaron estas reglas, en nombre de los acreedores, para hacer cambios radicales en las leyes laborales.

Los “memorandos de entendimiento” estipulaban que, a partir de entonces, deberían reducirse las prestaciones por desempleo. Dificultaron los acuerdos colectivos que habían sido la norma hasta entonces. Las nuevas leyes “dieron a los empleadores el poder de tomar decisiones unilaterales”, como la “transformación de contratos a tiempo completo en contratos de trabajo no estandarizados”, relatan los investigadores de la Universidad de Manchester en un estudio sobre Grecia que, irónicamente, fue financiado por la Comisión Europea. Según el estudio, muchos contratos fijos fueron transformados en contratos de trabajo temporales.

La bolsa de subempleo en España

En España, 9,95 millones de personas pueden considerarse como mano de obra infrautilizada, el 41,9% de la población activa, porque están en paro, padecen subempleo o tienen un trabajo precario. Según un estudio de los profesores de la Universidad Pablo de Olavide José Ignacio García Pérez, Manuel Hidalgo y David Troncoso Ponce, a los 4,48 millones de desempleados contabilizados en la Encuesta de Población Activa (EPA) al cierre de 2016, hay que añadir 2,81 millones de trabajadores temporales involuntarios1,73 millones a tiempo parcial también involuntario, así como 374.367 desanimados –no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar– y otros 552.989 que buscan trabajo pero no están disponibles en el corto plazo. Toda esta bolsa de empleo precario suma en España la cifra de 5,47 millones de asalariados. Y no ha dejado de crecer desde 2012, cuando ascendía a 4,99 millones, impulsada por el aumento de los trabajadores a tiempo parcial involuntarios. Desde 2007 hay un millón más, espoleados por la crisis y por las medidas para impulsarlos que incluyó la reforma laboral. Otro tanto ha ocurrido con los desanimados, que se han duplicado desde 2007.

España lidera el ránking europeo de trabajadores a tiempo parcial involuntarios, que ha pasado del 30% en 2008 al 60% actual. También el de trabajadores con empleos temporales indeseados. Según Eurostat, el 91,4% ha firmado estos contratos porque no pudieron encontrar un puesto indefinido. A España sólo la supera Chipre, con el 92,2%. En Francia, el empleo temporal involuntario es del 61,7%; en Holanda, del 48,2%. No es de extrañar la cifra española si se tiene en cuenta que la tasa de temporalidad nacional es la más alta de Europa –26,1%– tras la polaca.

De hecho, más del 90% de los contratos que se registran cada mes en las oficinas de empleo españolas son temporales, una constante que no ha cambiado ni con la crisis ni con la reforma laboral, en principio pensada para acabar con la dualidad, la división del mercado de trabajo entre empleos indefinidos y estables, por un lado, y empleos temporales y precarios, por otro. A esa fragilidad del contrato temporal utilizado de forma abusiva, se le ha sumado ahora la del trabajo a tiempo parcial, que ha pasado del 11,7% a finales de 2006 al 15,3% a finales de 2016 y, como admite el Banco de España en un informe del pasado junio, se ha “convertido en permanente en el mercado laboral español”.

El caso portugués

Hasta 2008, cerca del 45% de los contratos de los trabajadores portugueses se basaban en convenios colectivos estatales. Seis años después, ese número es de apenas el 5%.

Según el Libro Verde sobre las Relaciones Laborales, publicado en 2016, en Portugal el 22,6% de los contratos de trabajo son temporales –muy por encima de los 14% de la media europea–. Para los jóvenes portugueses con menos de 25 años, los contratos temporales son la regla: el 67,5% –la media de la UE es del 45%–. Desde que el empleo crece, desde 2014, los contratos temporales crecen mucho más que los fijos.

De acuerdo con los datos del Fondo de Compensación del Trabajo (FCT, que paga a los trabajadores hasta el 50% de la indemnización por despido), apenas uno de cada cinco nuevos contratos de trabajo en Portugal es fijo. La misma proporción se aplica a los contratos más breves: uno de cada cinco dura menos de 60 días.

“Hemos podido desmentir la idea tantas veces expuesta de que Portugal seguía teniendo un mercado de trabajo demasiado rígido y que el aumento de la productividad tenía que pasar necesariamente por la flexibilización de las leyes laborales”, afirmó el primer ministro portugués, António Costa, en la conferencia El futuro del trabajo.

El ministro de Trabajo, José António Vieira da Silva, por su parte, relaciona los cambios en la regulación laboral con el crecimiento de la precariedad: “Entre 2011 y 2015, asistimos a un fuerte proceso de desregulación y, principalmente, de individualización de las relaciones laborales en Portugal, en detrimento del Diálogo Social, de la negociación colectiva y de las relaciones laborales equilibradas, con un aumento significativo del espacio social de la llamada precariedad”.

En Rumanía, la crisis fue el pretexto para aprobar una ley que permitió a las empresas transformar contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial. Al mismo tiempo, el Gobierno abolió la negociación colectiva. El sistema vigente hasta entonces, aplicado al 90% de los funcionarios “fue prácticamente destruido”, detalla Petru Dandea, secretario general de la Confederación Sindical Rumana. Como consecuencia, los salarios cayeron un 40%. “Nos pagan como si fuéramos un país de personas no cualificadas”, protesta el sindicalista.

La Comisión Europea lo sabía. Cuando el nuevo Gobierno rumano anunció en 2012 que iba a facilitar la negociación colectiva, los funcionarios del comisario Rehn vetaron el cambio. “Instamos vivamente a las autoridades a garantizar que los convenios colectivos estatales no contengan elementos relacionados con los salarios y/o a no revertir los progresos alcanzados con el Código de Trabajo aprobado en mayo de 2011”, escribieron a Bucarest. El Gobierno rumano reculó.

En Portugal, la Comisión Europea colaboró activamente con el Gobierno. Lo demuestra el trabajo de la politóloga belga Catherine Moury. Un ministro del Gobierno de Pedro Passos Coelho aseguró a la investigadora, bajo la condición de anonimato, que en el cambio de las leyes laborales la contribución de la troika fue importante: “A veces es difícil tener la fuerza política para hacer ciertas cosas y la troika ayuda a justificarlas. Por ejemplo, ciertas medidas, como la reducción de las indemnizaciones por despido, son muy difíciles de discutir con los agentes sociales y, por eso, es útil contar con la presión de la troika para aplicarlas. Nosotros, en el Gobierno, decidimos que era necesario hacerlo, pero reconocemos las dificultades políticas”. Este testimonio es citado en el artículo de Moury Portugal, el buen alumno de la troika.

Sin embargo, la intervención de Olli Rehn y de los funcionarios de la Dirección General de Economía y Finanzas en materias laborales tan específicas puede violar el artículo 153 del Tratado de la UE, según el cual los órganos comunitarios no pueden intervenir en materia de remuneraciones”.

Rerregulación laboral

Olli Rehn, que hoy dirige el Banco Central de Finlandia,  rechazó todas las solicitudes de entrevista enviadas por Investigate Europe. El ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, que como presidente de la eurozona supervisó el desarrollo de las reformas estructurales en Grecia y en Portugal, tampoco aceptó ser entrevistado.

Aparentemente, pues, nadie defiende ya la política seguida en la última década. “La regulación del mercado de trabajo no tiene efectos estadísticamente significativos sobre la productividad”, confirmó el FMI en su informe anual de 2015. Los economistas de la OCDE admitieron el año pasado que, sólo siendo muy optimistas, existe “un impacto positivo limitado en los niveles de empleo” generados gracias a la desregulación laboral. Pero esa afirmación es tan válida como decir que no tiene ningún impacto, asume el mismo informe de la OCDE. Un estudio publicado en mayo por el Instituto Europeo de Sindicatos (ETUI), el grupo de reflexión de los sindicatos de la UE, examinó esta cuestión en ocho países, incluyendo España, Polonia y Alemania. Los datos revelan “un resultado muy claro”, dice Martin Myant, economista jefe del ETUI. No hay “ninguna prueba empírica de que la desregulación aumentara el empleo o lo redujera”. El ETUI demostró que a las reformas les “acompañó un aumento del empleo precario, sobre todo en los países donde hubo una desregulación laboral particularmente enérgica”, asegura Myant.

El presidente del BCE, Mario Draghi, que exhortó a España e Italia a adoptar restricciones salariales y debilitar el poder de negociación de los sindicatos, duda ahora. Porque la economía crece, pero los salarios no acompañan a ese crecimiento. Lo que provoca un impasse económico del que Draghi alertó en un discurso histórico, por su contenido, el pasado 27 de junio: “El comportamiento salarial y de precios en el área del euro cambió durante la crisis”, afirmó Draghi. “Las reformas estructurales que aumentaron el número de convenios de empresa pueden haber tirado hacia debajo de los salarios más flexibles, pero no necesariamente hacia arriba”, criticó el presidente del BCE en Sintra (Portugal), en el discurso que abrió el Foro de los Bancos Centrales.

“La opinión económica tarda mucho en adaptarse a realidades diferentes”, advierte el exministro Bagão Félix. “Ahora sabemos que la innovación es uno de los principales motores de la productividad. Pero también que una excesiva desregulación laboral puede ser perjudicial para la productividad por introducir un factor injusto de asimetría social”. La crítica del exministro de Durão Barroso es clara: “La troika fue demasiado lejos en ese punto”.

“Los empleos precarios no deben convertirse en la norma”, es la opinión de Marianne Thyssen, que quiere marcar la diferencia en el discurso oficial europeo. Un instrumento posible contra el aumento de la precariedad, avanza, puede ser subir las cotizaciones a la Seguridad Social a los empresarios que firmen contratos temporales. Ésa es también una de las propuestas del Gobierno portugués. El empleo es, muy probablemente, el asunto que más influyó para que los partidos de la izquierda portuguesa firmaran su primer pacto de la historia. Y la “rerregulación” laboral puede ser el gran tema, de consenso o de fractura, entre el Partido Socialista, el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Esquerda, de la segunda mitad de la legislatura.

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Con la colaboración de Crina Boros, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila Miñano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla.
Todos ellos forman parte del proyecto ‘Investigate Europe’, un equipo de periodistas que investiga temas relevantes para Europa y comparte los resultados. Puedes conocer más sobre este proyecto en la página www.investigate-europe.eu.

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