“Bombardeos, atentados, bombardeos…” de Jose Luis Gordillo, en mientras tanto

bombardeos, atentados

Teoría del atentado indiscriminado

Las masacres indiscriminadas en medios de transportes o en lugares públicos generan una inmediata identificación con las víctimas. Eso se debe a un sentimiento básico de empatía humana y a que todos comprendemos enseguida que nosotros o las personas que más queremos podrían estar entre los muertos y heridos. Esas matanzas también provocan lo que todos sentimos ahora en relación con la masacre de París: asco, rabia, odio, miedo y angustia. Esos sentimientos se elevan al cuadrado si, además, los grandes medios de comunicación lo convierten en el tema estrella durante semanas.

La sensación de que actos así pueden repetirse en el futuro nos impulsa a exigir al Estado protección y seguridad, salvo que estemos convencidos que el gobierno miente o manipula sobre ellos. Para los gobernantes es una de las peores situaciones a las que pueden enfrentarse en el ejercicio de sus funciones, aunque también constituye una oportunidad de oro para poder tomar determinadas decisiones. El sentimiento colectivo de conmoción y pavor hace posible aprobar leyes y ordenar acciones que en otras circunstancias serían profundamente impopulares.

La sucesión expuesta de acontencimientos se produce de forma prácticamente automática y con independencia de quienes sean los autores de las matanzas. De hecho, a poco que se piense sobre ello se llega a la conclusión de que saber con certeza quiénes las han ejecutado y ordenado no es precisamente una tarea fácil.

Un gobierno sensato, en vez de atribuir rápidamente su autoría a este o a aquel grupo por razones espurias, tácticas o inconfesables, debería mostrar sus condolencias a las familias de los asesinados, recomendar calma, desconfiar de evidencias que bien podrían ser maniobras de distracción (es sorprendente la credibilidad que se les otorga a los matarifes) y poner todos sus recursos al servicio de una investigación seria y rigurosa, con la advertencia añadida de que ésta puede tardar meses o años en ofrecer resultados fiables.

Bien es verdad que saber quién ha sido aparece en nuestras cabezas como una necesidad perentoria, apremiante, y que de ello se aprovechan toda clase de oportunistas.

¿Soberano es el que decide el estado de excepción?

François Hollande, cuando no habían transcurrido ni venticuatro horas de la masacre y sin esperar al resultado ni que fuera provisional de las investigaciones apenas iniciadas, la calificó de “acto de guerra” y atribuyó su autoría al Estado Islámico (también llamado ISIL o DAESCH). El domingo quince de noviembre una flotilla de aviones de combate franceses bombardeó objetivos en Raqqua, ciudad ubicada en Siria, con la justificación de que allí se encontraba el cuartel general de la citada organización. Nadie en Francia protestó, que se sepa. Fue percibido dentro y fuera como una represalia esencialmente justa.

Por otra parte, Hollande declaró l’état d’urgence que le permite, entre otras cosas, detenciones indefinidas de sospechosos, prohibir reuniones públicas, cerrar salas de espectáculos y lugares de reunión de cualquier tipo, ordenar la entrega de armas, ordenar registros domiciliarios sin orden judicial, prohibir la circulación de personas y vehículos en lugares y zonas determinadas, crear zonas de seguridad de acceso restringido, así como obligar a los ciudadanos a permanecer en un territorio concreto. La legislación francesa también le permitía tomar el control de los medios de comunicación, pero esta vez prefirió no hacerlo. La pretensión declarada de Hollande es alargar l’état d’urgence durante tres meses y a continuación incorporar esas medidas a la Constitución. Las acciones terroristas son sin duda una amenaza a los valores democráticos, como se acostumbra a decir, pero son nuestros gobernantes los que toman las decisiones que los envían al desván.

Por lo demás, los atentados y los imperativos de la seguridad nacional fueron invocados por el presidente de Francia para justificar un aumento del gasto público y la congelación de la aplicación del Pacto de Estabilidad de la UE (que incluye austeridad y recorte del déficit público): “antes va el pacto de seguridad que el de estabilidad” declaró de forma muy solemne en una reunión con los parlamentarios en el Palacio de Versalles el lunes dieciséis de noviembre.

Calificar las matanzas como “acto de guerra” cuando ni siquiera se conocían los nombres de los asesinos, fue una decisión libérrima de François Hollande que no estuvo determinada por la mayor o menor gravedad de los hechos luctuosos de continúa referencia. José Mª Áznar, tras los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, no se atrevió a tanto, a pesar de que los muertos se acercaron a los doscientos y los heridos superaron los mil ochocientos. Como todos sabemos, Aznar ante una situación semejante prefirió atribuir la autoría a ETA para, entre otras cosas, intentar alejar del debate público, a tres días de la elecciones, palabras como “Iraq”, “terrorismo yihadista”, “guerra” y el consiguiente “¡No a la guerra!” coreado por millones de manifestantes un año antes. Tal vez –y esto es sólo una especulación- un asesor legal le pudo recordar, además, el artículo 590.1 del Código Penal español que dice: “El que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivos a una declaración de guerra contra España por parte de otras potencias, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y de cuatro a ocho si no lo es.”…

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