Cabalgando el tigre. Artículos de Javier Aristu y Joan Coscubiela. en campo abierto y eldiario.es

Confinamiento/31. Vértigo

 Vértigo. Foto de XoMEoX en Flickr

Por  Javier ARISTU

Lo peor que puede ocurrir cuando se está en la actividad política es que la sensación de vértigo te domine. Es humano padecer ese mal o síndrome caracterizado por tener la sensación ilusoria de que las cosas externas están rotando o desplazándose alrededor de uno o de que es uno mismo quien está dando vueltas en el espacio. Los precipicios, los grandes y altos puentes, las montañas elevadas son los lugares predilectos para que quien tiene esa disfuncionalidad auditiva o neurológica sufra ese mal. No es nada reconfortante ya que te da la impresión de que tú mismo vas a caer por ese vacío que aparece ante ti.

Lo de anteayer fue el ejemplo de lo que es caer en el vértigo en política. Cuando los portavoces de PSOE y UP firmaron un  documento con Bildu donde se comprometía al Gobierno a proponer la derogación de la reforma laboral de 2012 esa firma vino del vértigo. Firmaron la derogación de la reforma laboral íntegra. Son ya muchos comentaristas y analistas quienes hoy están  analizando ese paso en falso, ese error, cometido por los partidos del gobierno. Me quedo con el de Joan Coscubiela que publica hoy en Eldiario.es y que hace referencia a la ley de la gravedad. La gravedad existe en política, claro que sí, y no conocer sus leyes, sus normas de funcionamiento, lleva en la mayoría de los casos al fracaso o a la simple melancolía improductiva. La gravedad y sus leyes en política se componen fundamentalmente de dos apartados: correlación de fuerzas y contexto. Pensar que se pudiera imponer la reforma de esa ley, íntegramente como he dicho, con la actual correlación de fuerzas parlamentarias es abrir la puerta a la melancolía cuando no al vacío; y proponer esa medida precisamente ayer, en un contexto de absoluta indefinición e incertidumbre sobre el futuro económico y social del país –y de Europa–, es tirarse directamente al precipicio. Los cementerios políticos están llenos de personas de buenas intenciones que no midieron adecuadamente sus posibilidades a la hora de proponer medidas.

Es, además, muestra de un absoluto desconocimiento de cómo funciona un estado social de derecho (artículo 1 de CE) y del papel que las organizaciones de trabajadores y patronales tienen asignados: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios» (artículo 7 CE). Si la reforma de la vigente legislación laboral no es ámbito de incumbencia de sindicatos y patronales es que algo está fallando. El parlamento es quien debe legislar, obviamente, y quien debe aprobar las leyes, sin duda. Pero esas leyes no pueden salir simplemente de la cabeza de los parlamentarios sino que deben ser producto de un amplio e intenso proceso de consulta, diálogo, propuestas y negociación con las organizaciones sociales a quienes afecta esa ley.

Cuando Lastra y Echenique pactan con la representante de Bildu que van a derogar –literalmente– la legislación laboral, sin ninguna alternativa, están convirtiendo el parlamento en un juguete a capricho de los que manejan ese artefacto. Todos sabíamos que desde que el Gobierno tomó posesión existe un fructífero, complejo pero dinámico proceso de negociación entre ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos representativos acerca de varios e importantes asuntos que afectan a la vida económica y laboral de los españoles. La pandemia de Covid-19 había situado dicha negociación en un terreno completamente nuevo y desconocido dada la catástrofe en que nos ha colocado la proliferación de la infección.

Pues bien, el acuerdo parlamentario de los tres portavoces genera una distorsión absoluta en este panorama. Tal hecho demuestra, una vez más, que la concepción jacobina del parlamento y de la política lleva a olvidarse del papel y del protagonismo de otras instancias sociales fundamentales para una democracia. La prevalencia absoluta del factor parlamentario, del hecho político-partidista, sobre los demás factores que dan vida a una sociedad dinámica y, repito, democrática, puede convertir a esta en un cascarón vacío. Ignorar los procesos puestos en marcha por sindicatos y patronal de acuerdo con la ministra de Trabajo han llevado a una encrucijada muy difícil de gestionar. El vértigo que les sobrevino cuando pensaron que no iban a sacar adelante el estado de alarma les llevó a ese inmenso error. Un error producto del vértigo, y éste producto de una distorsión de los nervios. Es necesario buscar con la mayor rapidez la medicina y el tratamiento adecuado para curar ese síndrome.

Confinamiento/31. Vértigo

Confinamiento/32. Paso del Rubicón

Por Javier ARISTU

No ganamos para sustos. De un acuerdo cuanto menos extraño, firmado en el Congreso de los Diputados, y que ha suscitado reacciones contradictorias, hemos pasado a otro en el parlamento andaluz que provoca a su vez otras claramente de rechazo. El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para que este último grupo presida la Comisión para la recuperación económica y social de Andalucía es una decisión que, no por novedosa, va a traer mucha cola y consecuencias graves en el futuro. Entregar la presidencia a una fuerza política que basa su programa político en el odio, la xenofobia y el antagonismo claro con la democracia parlamentaria y el pluripartidismo, significa para el PP andaluz y para Ciudadanos el paso de un rubicón.

Esta legislatura ya venía marcada por aquel acuerdo de los dos partidos de gobierno con Vox; hay gobierno precisamente porque Vox quiso y les votó. Esa marca de nacimiento sin duda dará sello y huella al gobierno de Moreno durante toda esta legislatura. Pero dar la presidencia, precisamente, de esta Comisión parlamentaria al partido de la xenofobia y el ultranacionalismo supone persistir en ese camino hacia la completa confrontación con la mitad de los andaluces. La gravedad es evidente.

La estrategia del PP del estado es clara: desgastar como pueda al gobierno de coalición, recurriendo a todo tipo de relatos falseados o engañosos, desvirtuando los hechos y creando un clima de enrarecimiento y desconfianza con el gobierno. Sigue, ni más ni menos aunque con tácticas más parlamentarias que callejeras, la misma línea marcada por Vox del estado. Entre ambos partidos hay un juego de competitividad por ver quién capta el electorado de la derecha, en un momento donde la Covid-19 está generando impactos brutales en la sensibilidad y emotividad colectiva de la nación. No es un fenómeno nuestro; está ocurriendo, cada cual a su manera e idiosincrasia como país, en los Estados Unidos, en Italia, en el Reino Unido, en Alemania, en Brasil. Se mezclan los hechos reales (muertes por la pandemia, crisis de los sistemas sanitarios, desequilibrios en las respuestas gubernamentales, depresión económica y consecuencias terribles en el empleo) con los inventados y falsos, pero que ayudan a crear un relato del miedo y del odio como estrategia de salida ante el pánico de la muerte de miles de conciudadanos y de la marginación económica de millones. Todo vale para que caiga el gobierno, piensan los Abascal y los Casado.

Ciudadanos, por su parte, se ha salido de esta estrategia estatal. Arrimadas ha llegado a la conclusión de que en ese circuito peligroso de ver quién galopaba más a lo bestia contra el gobierno, su partido tenía todas las de perder y ha podido pensar que, a lo mejor, en un terreno de centro moderado, de pensamiento crítico más suave y a la vez con actitudes colaborativas con la coalición gobernante, puede encontrar un territorio de abrigo sostenido en una guerra que se augura de destrucción y de falta de sentimiento. Lo cual nos aporta la lección de que aquellos que hablaban del trifachito opositor (véase la foto de Colón) en Madrid tendrán que revisar sus análisis.

Por eso no encaja en esa estrategia de Arrimadas la decisión de Ciudadanos de Andalucía –llámese Juan Marín– de seguir alimentando el trifachito andaluz. Precisamente cuando desde el PSOE de Andalucía –llámese Susana Díaz– se había ofrecido una mano de colaboración parlamentaria e institucional para afrontar la inmensa tarea de reconstruir la economía andaluza tras este desastre. Me temo que esta decisión del cabeza andaluz de Ciudadanos le va a traer cola y problemas dentro de su partido. Va a ser difícil conciliar una actitud colaborativa con el PSOE a nivel estatal con la agresividad antisocialista en Andalucía.

No es una buena señal esta de hoy. Que Vox presida esta comisión que se supone debería ir revestida del máximo diálogo, acuerdo y consenso significa que el PP de Moreno apuesta por la confrontación contra la oposición. Esta novedad, que sea el gobierno quien hace la guerra a la oposición, es inaudita. Moreno está jugando descaradamente a provocar a la oposición, no a dialogar. Quiere guerra y no tratado provisional de paz ante la mayor crisis económica que se va a producir en Andalucía desde 2008.

Por ello, creo que la izquierda  andaluza tienen que empezar a pensar ya en ofrecer relativamente pronto, sin esperar mucho, un programa de reconstrucción política de sus alianzas y programas. Es hora de que esta izquierda andaluza deje de mirar al pasado y comience a perfilar un proyecto de futuro para una gran mayoría de sus ciudadanos. Si no hay novedades, las próximas elecciones autonómicas serán en el invierno de 2022, en poco más de dos años. En este tiempo vamos a ser testigos de unos procesos muy intensos de crisis, reconversión y reorientación de la economía, con desconocidas pero seguramente graves consecuencias sociales. Tenemos muy poco claro lo que va a ocurrir tras este verano; la incertidumbre es la consigna de este tiempo que nos ha tocado vivir en estos meses. Solo hay una cosa clara: para derrotar a esta coalición reaccionaria y destructiva que gobierna Andalucía hay que ganar las elecciones de 2022, y para ganarlas hace falta trabajarlas y levantar un armazón de alianzas sociales y propuestas renovadoras capaces de mostrar un camino de seguridad, garantía y reconstrucción a todos los andaluces. La herencia ya no da votos; estos se ganan con propuestas adecuadas a los tiempos que vivimos, con mucha pedagogía y con capacidad de ánimo.

Confinamiento/32. Paso del Rubicón

 

¿Qué tienen en común la provincia y la reforma laboral?

Haber protagonizado absurdos debates nominalistas, esos que tanto le gustan a la política de la nada y al periodismo de tertulia y tan mal le sientan a la democracia.

La polémica sobre la provincia fue promovida por Quim Torra como ingrediente de una estrategia que combina victimismo –se llegó a acusar a las políticas del Gobierno español de provocar muertes- con supremacismo –una Catalunya independiente lo hubiera hecho todo mejor.

Así consiguió durante unas semanas marcar agenda, situar a una parte de la izquierda catalana a la defensiva, ganándole la partida a lo Helenio Herrera –sin bajar del autobús- y de paso mantuvo atrapada en su tela de araña a ERC. Todo ello a pesar de la nula autoridad moral que tienen los neoconvergentes para despotricar de la provincia que usan sin rubor, electoral y clientelarmente, para su control sobre el territorio.

Como el debate era instrumental y oportunista se prestó poca atención a cuestiones epidemiológicas, sanitarias o de movilidad y en cambio se sacó a pasear al franquismo, incluso a Javier de Burgos. El resultado es que este fin de semana la burbuja ha pinchado, en los confines territoriales de la Barcelona Metropolitana y las absurdas limitaciones a la movilidad que ello comporta para millones de personas.

Cuando aún no había desaparecido el eco de ese debate nominalista aparece otro sobre la derogación «integral» de la reforma laboral y se monta un pollo de mil narices que desestabiliza a la mayoría gubernamental.

Puedo comprender y hasta compartir que la bandera de la derogación «integral» de la reforma laboral es un símbolo electoralmente muy potente para expresar el rechazo a una política de precarización de las condiciones de trabajo, pero me parece poco útil para la acción de gobierno.

Trasladar el lenguaje tosco de los programas electorales al más complejo de las leyes y el BOE no es ni simple jurídicamente, ni fácil políticamente, ni rápido –porque hace falta tiempo para trabar acuerdos y conseguir los votos necesarios. Así lo ha explicado la ministra Yolanda Díaz, evidenciando que este no es un conflicto entre los partidos de la coalición, sino algo un poco más complejo.

Fui el portavoz parlamentario de la Izquierda Plural en los debates sobre la reforma laboral del 2012 y mantengo -por convicción- mi rechazo a una Ley que apostó por la depreciación salarial y la precariedad como respuesta a la gran recesión, con un resultado de degradación de las condiciones de trabajo e incentivo de un modelo de empresa ineficiente.

Pero ocho años después, y con la que está cayendo, hace falta una propuesta más elaborada que la simple derogación «integral» de la reforma laboral que así, a secas, no sirve. Me explico.

Me parece importante recuperar el derecho a los salarios de tramitación en todos los casos de despido improcedente, para desincentivar los abusos empresariales, pero si simplemente se deroga la reforma laboral del 2012 no solo no se recuperan los salarios de tramitación sino que se pierde el derecho en los poquísimos casos en que aquella ley los reconoció, o sea, cuando la empresa opte por la readmisión.

Creo que debe reforzarse la causalidad del despido para así garantizar el derecho al empleo, pero con la derogación integral de la reforma laboral del 2012 se podría producir la paradoja de resucitar el despido «exprés» aprobado por el Gobierno Aznar, que la Ley 3/2012 hizo desaparecer.

Son muchas las razones para proceder a un vaciado de contenidos de aquella ley y su sustitución por una nueva regulación, pero ahora necesitamos algo más complejo que la derogación «integral» de la reforma laboral del 2012.

Abandonar la estrategia de depreciación salarial como respuesta a las crisis de empleo comporta, entre otras cosas, reforzar la fuerza vinculante de la negociación colectiva, recuperando la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que no debería poder establecer condiciones de trabajo «in peius», a peor. Así como recuperar la ultractividad de los convenios para evitar vacíos de regulación e individualización de las condiciones de trabajo que machacan a los trabajadores y solo sirven para el dumping empresarial pirata.

De la misma manera que reforzar la causalidad en la contratación y en el despido exige una reforma en profundidad de la legislación laboral aprobada en el 2012, pero eso por sí solo no es suficiente. En ocasiones se identifica la cuantía de la indemnización del despido improcedente como una garantía para el empleo, pero en mi opinión eso solo incide en el coste empresarial del despido sin causa, o sea libre. Me parece más útil si se quiere reforzar el derecho al empleo recuperar algunos de los supuestos de nulidad del despido con la readmisión obligatoria o los salarios de tramitación en casos de despidos ilícitos. Pues bien, este objetivo no se consigue con la simple derogación «integral» de la reforma laboral.

Defiendo que debería acabarse con las degradantes condiciones de trabajo de las camareras de piso –las kellys- pero para ello no basta con volver a la situación anterior al 2012. Se precisa una nueva regulación de la subcontratación que acabe con este mecanismo de externalización precarizadora que, además de penalizar a estas trabajadoras, incentiva un modelo turístico de bajo coste y sin futuro.

También debemos abordar la precarización de los trabajadores de las llamadas empresas de plataforma, como los riders, que no existían en el 2012 y para los que no sirve derogar la reforma laboral, sino que exige una nueva regulación que reconozca a estas personas como asalariadas y no auto-explotadores de sí mismos.

No comparto en absoluto la idea de que la crisis desencadenada por el coronavirus obliga a mantener los mecanismos de precarización de las condiciones de trabajo que impuso la reforma laboral del 2012. Ese trayecto de desregularizar las relaciones laborales, precarizar el empleo y depreciar salarios ya se ha recorrido muchas veces desde los años 80 en el marco de las sucesivas crisis económicas y el resultado ha sido menos derechos para las personas trabajadoras y un tejido económico menos eficiente.

No está de más recordar que las empresas y sectores con mayor capacidad de competir y mayor potencialidad exportadora son a la vez los que tienen unas mejores condiciones de trabajo y esta perspectiva no podemos perderla de vista si de verdad se quiere reconstruir el país sobre bases nuevas.

Pero eso no significa que a afectos de la reforma laboral sea baladí el nuevo escenario de crisis desencadenado por el coronavirus. No parece ni creíble ni viable aislar ambos planos. Una parte de los problemas laborales y de empleo que nos han explosionado en la cara requieren de otras medidas que no caben en los marcos estrechos del BOE.

A las políticas públicas de los próximos años les va a tocar intentar eso que el refranero popular dice que no se puede hacer: soplar y sorber al mismo tiempo. Para tener una mínima posibilidad de alcanzar este reto disponemos del instrumento de la concertación social, que debe buscar un sendero muy estrecho por el que acceder a un punto de encuentro con el que conseguir un triple winWin para las personas trabajadoras, win para las empresas y win para la economía del país.

Este es un reto muy complejo que requiere, además de la concertación social, que el escenario político también ayude, al menos no poniéndolo más difícil de lo que ya es. Y para eso, abandonar los absurdos debates nominalistas es una condición no suficiente pero sí imprescindible.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Absurdos-debates-nominalistas_6_1031056913.html