Cataluña: sobre la dimisión del fiscal jefe (Rodriguez Sol) y otros temas espinosos. Kepa Aulestia y José María Mena.

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Kepa Aulestia ha publicado el día 5 de marzo, en La Vanguardia, un artículo titulado Tablero móvil: «La decisión del Gobierno Rajoy de impugnar la declaración parlamentaria del 23 de enero ante el Tribunal Constitucional no confirma tanto la indisposición del Ejecutivo central a ensayar el diálogo con la mayoría que gobierna la Generalitat como su intención de posponerlo a un previo dictamen del TC, convencido de que este interpretará que sólo hay un sujeto político y jurídico soberano: el pueblo español. De hecho, al Gobierno central le ha bastado con recurrir al Constitucional para que se extienda la certeza de que su resolución será desfavorable para las aspiraciones soberanistas y que su contenido impedirá la celebración legal de una consulta que evoque el derecho de autodeterminación. Así es como la espera de la sentencia constituirá el argumento principal de la impasibilidad de la Moncloa y obligará a los promotores del proceso a dejarse enfriar o a adelantarse al calendario del TC.

Es indudable que la impugnación acordada por el Consejo de Ministros del pasado viernes se produce en un momento delicado para el PP, y resulta útil para evitar que el caso Bárcenas acapare todo el interés. Lo que hasta la pasada semana Rajoy trataba de evitar –un mayor enconamiento en las relaciones entre Madrid y Barcelona– se convierte en la oportunidad que los populares tienen más a mano para desviar la atención sobre su incapacidad para solventar el problema doméstico de las incontrolables andanzas de su extesorero. Aunque al imputar al PP esa intencionalidad inmediata resulta obligado proceder al catálogo de los propósitos ocultos, de las aspiraciones menos confesadas, de los objetivos que persiguen unos partidos respecto a otros en la política española y en el movedizo tablero catalán.

El presidente Mas tenía razones la pasada semana para mostrarse satisfecho de que el PSC hubiese votado en el Congreso a favor de un diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat que posibilite “la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro”. Es la primera vez que los convergentes consiguen arrastrar a los socialistas catalanes al terreno que hasta ayer cultivaba el soberanismo en solitario y que hasta el pasado septiembre parecía propio del independentismo. En la constante suma de mayorías que añadirían legitimidad al derecho a decidir frente a la legalidad constitucional, el paso dado por el PSC reclamando un diálogo interinstitucional supone, antes que nada, un cambio en el tablero político. También para CiU resulta más importante la quiebra provocada entre el PSOE y el PSC que el deslizamiento experimentado por este último partido. Es lo que tiene la aventura soberanista: mientras tratas de alcanzar la meta, con un poco de suerte consigues descolocar a tus adversarios…».

El texto completo está en http://www.caffereggio.es/2013/03/05/tablero-movil-de-kepa-aulestia-en-la-vanguardia/.

En La lamentable escribe sobre la dimisión del fiscal jefe de Cataluña uno de sus antecesores en el cargo, José María Mena. El artículo se titula ¿Existe el pueblo de Cataluña?: «El Fiscal Superior de Cataluña se pronunció sobre las normas jurídicas aplicables para encauzar una consulta al pueblo de Cataluña sobre su autodeterminación, dentro de la legalidad. En este marco, hizo referencia a las posibilidades de modificación de las leyes vigentes, y a la posible aplicación de futuras leyes del Parlament de Catalunya. Informó como Fiscal Superior de Cataluña, desde su despacho oficial, sobre un tema estrictamente jurídico, como es la legalidad aplicable, en asunto de máximo interés cívico, y consecuentemente mediático. Ya le han criticado los medios afines al propósito de silenciarle, con el argumento de que habló amparado en su cargo oficial, y porque “se metió en política”. Nadie duda que si hubiera opinado sobre la misma cuestión, pero en sentido contrario, es decir, para negar las vías legales, vigentes o imaginables, para que el pueblo de Cataluña se pronuncie sobre su voluntad de autodeterminación, en tal caso no habría pasado nada. No se trata, por lo tanto, de haberse “metido en política”.

El Fiscal General del Estado ha reaccionado de manera fulminante. No ha esperado ni siquiera al día siguiente. Tras la noticia matutina de las problemáticas declaraciones, esa misma tarde anunciaba que inicia los trámites previstos en el artículo 41.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El artículo 41.5 no está entre los que regulan las sanciones disciplinarias. Es una previsión distinta, no disciplinaria, específica para cesar a los fiscales jefes por pérdida de confianza. Dice así: “Los fiscales jefes podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado”. Evidentemente quien pierde la confianza es el Gobierno, que es quien le cesa. Otra cosa es que el Gobierno confíe en el Fiscal General, que es quien toma la iniciativa, obedeciendo, respaldando o anticipando la voluntad del Gobierno. La audiencia del Consejo Fiscal, como la del interesado, no es vinculante…»

Todo el artículo puede leerse en http://lamentable.org/?p=8956#more-8956