«El expolio a la familia Sota: ¿responsabilidades políticas o botín de guerra?» de Jose María de la Sota Guimón. Deia

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LA Ley de Responsabilidades Políticas tuvo una especial incidencia en los sectores más humildes de la sociedad. 250.000 expedientes tramitados abocaron a muchas familias con un pasado republicano o nacionalista a la desestructuración económica. Los casos más notorios, personas públicamente relevantes, fueron especialmente perseguidos por el nuevo régimen con imposición de multas estratosféricas e impagables: Azaña, 100 millones; Giral, 50 millones; Alcalá Zamora, 50 millones; Dolores Ibarruri, 25 millones…

Bilbao cayó en manos de las tropas del general Mola el 19 de junio de 1937 y como otras muchas propiedades, las de Sota fueron objeto de actos de rapiña y saqueo.

La administración de la represión económica comenzó a los tres días de la toma de Bilbao, con la constitución de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes (CPIBV) y los 4 Juzgados Especiales de Incautaciones que se instalaron en las oficinas de Sota. Los seis primeros expedientes fueron el de Ramón de la Sota Llano, los de sus hijos Ramón, Alejandro y Manuel, el de los miembros del Gobierno vasco en su conjunto y el de Fermín Zarza.

Incautar el patrimonio de Sota constituyó un reto para los responsables de la represión económica. Su singularidad y dimensión obligó a una conexión directa con las autoridades de Burgos, muy pendientes de su evolución.

La Naviera Sota y Aznar, en ese momento titular de 43 buques mercantes, y Euskalduna, eran clave por “altas razones de Estado”, por lo que fueron objeto de inmediata intervención militar con dependencia directa del cuartel general de Franco para servir de auxilio a sus objetivos militares y con el fin de depurar las responsabilidades criminales de su personal.

Al igual que todas las sociedades cuyos capitales eran vizcainos, en el resto de empresas de Sota había que saber “qué había dentro de ellas”, “pues hay que desmontar la prepotencia económica del nacionalismo sin que se hunda la riqueza de Vizcaya pero hay que dar batalla al capitalismo nacionalista, favoreciendo al capital blanco afecto a España…” Los colaboradores calificarían a los consejeros de las sociedades en afectos y desafectos. “Después con el apoyo de la parte blanca del capital se van a instruir expedientes… como único medio para darle armas al Juez para descubrir el capital rojo-separatista…”

Dicho criterio no se hizo esperar en las empresas de Sota, Siderúrgica del Mediterráneo, Setares, Sierra Alhamilla, Sierra Menera, Mina Ceferina, Compañía de Crédito Especial, Remolcadores Ibaizabal, Sociedad de Seguros Anayena y la Caja de Previsión de la Naviera. Las fincas urbanas, rústicas, créditos, acciones y valores, mobiliarios y enseres, y la contabilidad fueron también incautados.

El objetivo, más allá de la responsabilidad política, era hacerse con un botín monumental de aplicación directa e inmediata en el desarrollo de la guerra: la industria vizcaina.

Las acusaciones contra Sota carecían de pruebas fehacientes y casi todas estaban referidas a periodos muy anteriores a la guerra:

-Haber participado en la Sanrocada de 1898 en la que al parecer se pisoteó una bandera española.

-Haber sido diputado en Cortes en 1918.

-Haber sido uno de los firmantes del telegrama enviado al presidente de los EE.UU. en petición de apoyo para la libertad política de las Provincias Vascongadas.

-Haber pertenecido al PNV y su apoyo económico a esta organización.

A pesar de que solo acreditaron una aportación de 8.000 pesetas durante 1931 y 1932, Lequerica lo consideraba como la personalidad que tuvo mayor participación en el desarrollo del partido después de Sabino Arana…”

Texto completo en http://www.deia.com/2015/10/18/sociedad/historias-de-los-vascos/el-expolio-a-la-familia-sota-responsabilidades-politicas-o-botin-de-guerra#disqus_thread