El juicio del procés dibuja un nuevo relato soberanista. Artículos de Isabel García Pagán y Lola García. La Vanguardia

El proceso va por dentro. Isabel García Pagan.


 

 

Las declaraciones de los líderes independentistas dibujan un abismo entre los discursos y la realidad del 27-O

“Todos los juicios empiezan bien. Es el momento del descargo. Ahora viene lo peor”. La prevención procede de una de las togas de oro de la abogacía penal. Y no sólo la predican los expertos espectadores del juicio en el Tribunal Supremo sino las propias defensas. “No se pueden sacar conclusiones sobre lo que pasará”, sostienen. Se han instalado en un “partido a partido”. Otra cosa es la interpretación política.

Tras dos semanas de declaraciones de los acusados, hay optimismo en las filas independentistas. Se les ha visto en plena forma y “no hay rebelión, no hay violencia, no hay delitos”. Ese es el relato público. En el entorno de los acusados se recuerda que siempre que se ha entrado en una dinámica positiva “el golpe ha sido mayor”. La imagen de “bonhomía” del tribunal les parece sospechosa. Así que se mantiene la “coraza”: “la sentencia está escrita”.

 Luego está el contenido. Las declaraciones han desinflamado los discursos de octubre del 2017 y evidenciado que no había relación entre las proclamas y la realidad. El referéndum fue una movilización ciudadana, la DUI una declaración de voluntad política y siempre se buscó el acuerdo. Sigue activa, eso sí, la denuncia de un “juicio político” que, con la convocatoria electoral del28-A, no tiene la repercusión esperada en España y acaba siendo para “consumo interno”, admiten en el Govern.

Aún así, el miércoles volverá a captar la atención mediática con Mariano RajoySoraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. Se conocen todos los entresijos de la parte catalana del procés –desde los bocadillos del 6 y 7 de septiembre hasta el jamón en una casa del Alt Empordà el 28 de octubre– pero no lo que ocurrió en la Moncloa esos mismos días. “Que nadie espere un debate parlamentario ni una rueda de prensa”, alerta una de las partes, consciente de que toca “ser más hábil que expansivo”. Media hora por testigo, no es más que el aviso de que Manuel Marchena “no estará para tonterías” y quiere interrogatorios acotados. Se acabó la manga ancha.

El Supermarchena. Entre el espectáculo televisivo y la vigilancia de Estrasburgo

El presidente de la sala no ha sucumbido a los prejuicios. El wat­sap de Ignacio Cosidó en el que se vanagloriaba de controlar la sala penal del Supremo por la puerta de atrás si el magistrado accedía a la presidencia del Consejo ha tardado dos semanas en aparecer en el juicio. Y ha sido empleado como descargo, no como ataque, por parte de Jordi Sànchez. “Hay wat­saps que han comprometido el buen nombre del presidente de esta sala y él ha dicho que no sabe nada”, soltó el jueves el líder de la Crida. Manuel Marchena no intervino. Tampoco torció el gesto.

Y es que no sólo se sabe bajo examen en diferido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que ha entendido mejor que nadie que es el Súper de un Gran Hermano judicial. Acota sin complejos a los fiscales, la abogacía del Estado y las defensas. “Vamos a hacer preguntas”, “dejemos los debates”, “no interrumpa”, “pregunte”, “conteste”… Ha aprendido las reglas del espectáculo televisivo, que compagina con prevenciones sobre los derechos de los procesados. “Puede preguntar sobre eso, pero no puede aspirar a que la respuesta le satisfaga”, es la frase en la que ha insistido más durante los interrogatorios de la Fiscalía. Y combina la mano dura con la ironía. El visionado de unos vídeos a instancias de la abogada Marina Roig le pareció absolutamente innecesario para las preguntas que quería formular a Jordi Sànchez pero arrancó una sonrisa de la letrada al apostillar que los habían visto “con sumo agrado”. No sólo controla a as partes, sino también al público, al que advierte sobre risas o gestos de aprobación y despide por las noches como el conductor del telediario en prime time: “gracias por su atención”.

Las defensas, a la suya. De las proclamas a felicitar a Vila por su declaración

A medida que iban superándose las declaraciones y acumulando horas en el incómodo banco de los acusados, las posturas se han relajado y los intereses políticos se han dispersado.

La defensa de Oriol Junqueras está cada vez más convencida de que el líder de ERC no debía entrar en detalles y que lo mejor que pudo hacer en su declaración es defender sus posicionamientos políticos. Junqueras y Raül Romeva rehusaron responder a las preguntas de la fiscalía y la abogacía del Estado pero Carme Forcadell optará por responder al fiscal. Su defensa corre por otros derroteros. La expresidenta del Parlament se aferra a la inviolabilidad del debate parlamentario y su abogada, Olga Arderiu, es la única que ha repreguntado a los acusados: “¿Participó en alguna reunión con Carme Forcadell?”. La respuesta siempre es no. Mientras sus compañeros de Mesa del Parlament esperan ser juzgados por desobediencia en el TSJC, Forcadell se enfrenta a una pena de 16 años de cárcel por rebelión en el Supremo. Su declaración cerrará el turno de los acusados, que no volverán a intervenir hasta el final del juicio.

El resto amoldó su declaración a su estilo político, aunque las de mayor eficacia han sido las menos grandilocuentes para el independentismo, como las de Joaquim FornDolors Bassa Carles Mundó. También la de Santi Vila, que recibió la felicitación de varios defensores por su “relato convincente” sobre la voluntad de diálogo del Govern en octubre del 2017. Vila dibujó a un Carles Puigdemont decidido a proclamar la independencia mientras buscaba un pacto con Madrid hasta el último minuto. El exconseller sublevó a los radicales pero las defensas creen que ayudó a sus excompañeros.

Más matices presentan las opiniones sobre las declaraciones de Jordi Turull Josep Rull. Según fuentes de la defensa fueron hábiles a la hora de plantear la teoría de la “ponderación” entre el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Constitucional y su compromiso político pero se trata de un “concepto jurídico indeterminado”. Se pretendió compaginar el compromiso independentista con la necesidad estratégica de diluir la voluntad de subvertir el orden constitucional. “Es una línea muy fina”, confiesan en la defensa.

Sitúan en “otra liga”, la de los derechos fundamentales, el caso de Jordi Sànchez y el martes a Jordi Cuixart. Para algunos letrados, “lo más grave que ha pasado esta semana es el inquietante interrogatorio de Javier Zaragoza” a Sànchez. “Lo ha tratado como a un terrorista”, denuncian.

La Fiscalía, en su laberinto. Zaragoza y Moreno, la esperanza de la acusación.

El reparto de papeles en la fiscalía no ha favorecido la integridad del relato acusatorio. El fondo del escrito de acusación: el “plan rebelde”, las apelaciones “guerracivilistas”, el “alzamiento” nocturno del 20-S, los “tumultos”, la “escalada de violencia”, ha quedado ahogado por las formas. Los errores en fechas y de traducción de Fidel Cadena, los “ehhhhh, mmm.., entonces vamos con otra pregunta” de Consuelo Madrigal, y los debates fallidos sobre legalidad y democracia de Jaime Moreno y Javier Zaragoza con los acusados hace pensar que la acusación no progresa adecuadamente. La Fiscalía no tenía nada que ganar y mucho que perder con las declaraciones de los líderes independentistas y las intervenciones de Marchena lo han puesto de manifiesto: “Puede preguntar sobre eso, pero no puede aspirar a que la respuesta le satisfaga”. Con los testigos será otra cosa. La Fiscalía tiene previsto interrogar a 246 testimonios de los cuales se cuentan por decenas los policías y guardias civiles. En los interrogatorios se exprimirá una y otra vez la “experiencia” de los citados para evidenciar la excepcionalidad de la operación para derrocar “murallas humanas” que, según la fiscalía, iban al choque contra las fuerzas de seguridad. Las esperanzas de la fiscalía están en Zaragoza y Moreno, un “animal en sala” y un “excelente técnico”, respectivamente, según la mayoría de los abogados que los han sufrido. “La Fiscalía remontará con la testifical”, alertan.

Rebelión, sin independencia. Un abismo entre los discursos políticos y la realidad

El delito de rebelión requiere de un “alzamiento violento y público” para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Las defensas admiten que la fiscalía buscará un castigo por “la intención” de los independentistas aunque el resultado sea más que evidente. De ahí, que no sean pocos los que consideren que el juicio se encamina hacia el delito de sedición. Es decir, un “alzamiento público y tumultuario” para impedir “por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales”. De las declaraciones se desprende que entre los discursos grandilocuentes y los hechos hay un abismo. La declaración de independencia fue una “una declaración de voluntad política”, según Jordi Turull y Josep Rull; era “un mandato político” para negociar, según Raül Romeva; “no había decretos para implementar la independencia”, confirmó Joaquim Forn; y el 1-O “nunca fue concluyente para la independencia”, según Dolors Bassa. “La prueba es que estamos aquí y no hay independencia”, concluyó.

Fuentes exconvergentes sostienen que la realidad ha sacado los colores al independentismo pero señalan que “si los hechos son los que son, el reproche penal es excesivo”. “Es tan contradictorio decir que hay una república como pedir 25 años de cárcel”, pero la fiscalía mantiene que hubo un “cóctel explosivo de unilateralidad” por parte de los líderes independentistas.

Las declaraciones de los acusados han supuesto un baño de realismo o un jarro de agua fría para el sector hiperventilado. Los partidos tiene ahora el reto de reconducir sus estrategias o mantener la voluntad de choque con el Estado en el nuevo ciclo electoral.

La sombra electoral. Candidatos en el banquillo y mítines de Vox

El próximo día 5 Pedro Sánchez firmará el decreto de convocatoria electoral pero la campaña empezó hace una semana con el anuncio de elecciones. Suspender el juicio por motivos políticos es impropio, más aún en la actual situación de inestabilidad. “Las legislaturas duran cuatro meses y los juicios durarían cuatro años”, bromea un letrado.

Acusaciones y defensas conocen la voluntad de Marchena de acabar la vista oral antes de que arranque la campaña a las puertas de la semana Santa y la diligencia del viernes reorganizando las declaraciones previstas para la próxima semana fijan el criterio del tribunal. La convocatoria “enturbia” el intento de “desescalar” la tensión dentro y fuera de la sala. “Nadie quiere cambiar el guión”, señalan fuentes independentistas, aunque la mayoría votaría la investidura de Sánchez y hubiera tramitado los presupuestos.

Las elecciones también han trastocado la vida en el banquillo de los acusados y Soto del Real. Oriol Junqueras es candidato a las europeas y, ahora sentado tras sus abogados, aprovecha para “trabajar” no sólo en su defensa, sino también en la estrategia de su partido para el 28-A. No habrá experimentos, Gabriel Rufián, que declarará el jueves, y probablemente Carolina Telechea encabecen la lista republicana. Joaquim Forn ha confirmado su candidatura por Barcelona y JxCat quiere que Jordi Sànchez encabece la lista de las generales, junto a Míriam Nogueras Eduard Pujol. Ninguno de los líderes presos podrá acceder a su acta de cargo público.

El elemento electoral distorsionador es Vox. Su juicio, y la campaña, comienzan el miércoles. Santiago Abascal se paseó por el exterior del Supremo el primer día de la vista para pedir la detención y encarcelamiento de Quim Torra. “El resto no sirve”. De lo que se trata es de atacar a los “golpistas” independentistas y a los “traidores” del PP que no actuaron con diligencia. Si Marchena pretendía borrar la imagen de juicio político, Vox doblará la apuesta. Su principal bolsa de votos para el 28-A procede de la crisis catalana y los desencantados del PP. “Nadie critica a Marchena por no darle cuerda a Vox”. Ahí hay unanimidad en la sala.

https://www.lavanguardia.com/politica/20190224/46646996976/proces-juicio-tribunal-supremo-rebelion-marchena.html

 

 

Conclusiones sobre el juicio


 

 
Lola García

LOLA GARCÍA

Directora adjunta

BARCELONA

El juicio a los líderes del proceso independentista constituye un hito determinante para la política catalana y la reputación de la justicia española. Después de una semana de declaraciones por parte de los protagonistas del intento de separación de Catalunya del 2017 se pueden extraer algunas conclusiones provisionales a partir de las dos principales cuestiones que se dirimen en la sala: la principal, si hubo o no violencia que justifique el delito de rebelión y otra, secundaria para la sentencia pero relevante para la política, la que se refiere a las circunstancias y consecuencias de la declaración de independencia.

Ver a sus líderes en el banquillo de los acusados después de un año de prisión ha supuesto una conmoción emocional para muchos independentistas. Comprobar cómo sus referentes se defendían con actitud firme y tono reivindicativo, alejado de la sumisión, les ha proporcionado una inyección de ánimo en un momento de evidente desorientación. La alocución de Oriol Junqueras ante el tribunal ha atenuado los efectos de su ausencia del estrado político durante tantos meses y ha actuado como revulsivo para los republicanos, al ver a su líder en forma después de mucho tiempo arrinconado por la omnipresencia de Carles Puigdemont.

La mayoría de los acusados ha desplegado un detallado conocimiento de los resortes a emplear en su defensa que ha dejado desarmados a los fiscales. A nadie se le escapa que aquí se juzga también a la justicia española. Y el ministerio público no ha salido bien parado. Sorprenden las imprecisiones de los fiscales y su escasa preparación de la materia. Da la impresión de que han desdeñado a los políticos que tienen enfrente, como en su día el Gobierno del PP infravaloró lo que ocurría en Catalunya.

La inconsistencia de la actuación fiscal ha reforzado la autoestima del independentismo. Según las encuestas, la mayoría de los catalanes no aprecia el alzamiento con violencia que se precisa para el delito de rebelión. Cuesta convencer de que lo ocurrido durante la manifestación del 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia o la resistencia en los colegios electorales el 1-O puedan considerarse una rebelión violenta contra un Estado. Durante este primer tramo del juicio, esa apreciación se ha reforzado incluso en la opinión pública del resto de España. Una evolución a la que no han sido ajenas las manifestaciones de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses rebajando el alcance de los presuntos delitos. Pero ésa es una impresión que puede cambiar en las próximas sesiones, con los testimonios del Ejecutivo deMariano Rajoy y de decenas de policías guardias civiles.

El otro foco de interés reside en escuchar la versión política del octubre del 2017. Es una cuestión menor de cara a la sentencia, pero tiene relevancia para la política catalana. O debería tenerla. Y, en ese sentido, las declaraciones de los acusados han sido un baño de realidad. Pese a que los programas electorales del independentismo para el 21 de diciembre prometían continuar la construcción de la república, ante el tribunal todos los que fueron preguntados al respecto reconocieron sin ambages que la DUI fue un mero gesto, una resolución parlamentaria que no se votó, que no se publicó y que el Govern no aplicó porque no había nada preparado para el día después. La mayoría dejó claro que el referéndum no tenía efectos jurídicos. Es decir, que no podía extraerse un mandato práctico. La consellera Dolors Bassa, de ERC, fue una de las más explícitas: “No fue un acto concluyente”. Sobre este asunto se echará en falta la declaración de Puigdemont. Tampoco se pudo escuchar la versión de Junqueras, ya que su relato se interrumpió en el 1-O. Al no contestar a las acusaciones, eludió adentrarse en cuál fue su papel ante la declaración de independencia.

El inicio del juicio también ha permitido comprobar su repercusión en la calle. En sólo una semana se han sucedido una manifestación a la que, según la Guardia Urbana, acudieron 200.000 personas y otra de 40.000, así como una huelga general de escaso seguimiento. Esa reacción permite intuir que el independentismo sigue muy convencido, aunque acuse el cansancio. Puede mantener el voto y la movilización, pero no parece proclive a una insurrección como la que insinúa el president Quim Torra al esperar su “momentum”. Para cerciorarse, habrá que aguardar a la sentencia.

https://www.lavanguardia.com/politica/20190223/46647042986/juicio-proces-rebelion-independencia.html