“Es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente”. Entrevista con Berta Cáceres, premio Goldman de medio ambiente. eldiario.es

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“Para el pueblo lenca el río Gualcarque es sagrado. Un elemento fundamental de su territorio y forma de vida que les garantiza la soberanía alimentaria, medicinas y espiritualidad. Por eso, cuando en 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron hasta el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) denunciando la entrada de maquinaria en sus tierras, Berta Cáceres, su coordinadora general, una mujer crecida en la defensa de los derechos ambientales, intuyó que se avecinaban años de lucha. Lo que tal vez no imaginaba entonces es que acabarían echando del territorio a la mayor empresa constructora de presas del mundo, la compañía china Sinohydro. Cáceres recibió a finales de abril uno de los prestigiosos premios Goldman, conocidos como los Nobel del Medio Ambiente.

“Lo que nos inspira no son los premios sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”, afirma desde la ciudad hondureña de Tela. Es la primera hora de la mañana del jueves y Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se ha desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.

“Se va a celebrar una audiencia contra toda una comunidad, unas 300 personas. Quieren expulsarlos y los acusan de usurpar tierras, imagínese, después de una lucha enorme y de haber sido brutalmente agredidos. Están citados en un edificio casi de escombros que, irónicamente, perteneció a la Tela Railroad Comany, una de las transnacionales gringas [estadounidenses] que han despedazado este país”, cuenta.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Según el último informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación “¿Cuántos más?” señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenece Berta Cáceres.

“En Honduras se vive una situación trágica. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al sector poderoso económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada”, explica Cáceres, que denuncia cómo en su país “el aparato represivo armado protege los intereses de estas empresas”.

No es casual, por ejemplo, el auge de las empresas de seguridad privada en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ( OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías, existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.

La comunidad de Río Blanco bloqueó durante 21 meses el acceso a la empresa constructora de la presa de Agua Zarca / © Goldman Environmental Prize

Quienes se oponen a estos megaproyectos son duramente reprimidos. “Los que rechazamos estos proyectos de muerte somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia”, sostiene esta mujer, que ha experimentado prácticamente todas las formas de criminalización posibles.

Berta ha perdido a varios compañeros. El último de ellos, Moisés Durón Sánchez, de 54 años, “un hombre que luchó por el territorio y fue asesinado por unos sicarios recientemente”. O Tomás García, asesinado a tiros por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica contra la presa de Agua Zarca en 2013. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa, cuyo cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.

El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders.

“En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”, destaca la ganadora del Goldman.

La presa de Agua Zarca, una historia de éxito

Berta Cáceres orquestó la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) quien, a su vez, había subcontratado al gigante chino Sinohydro. Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). El proceso se había llevado adelante vulnerando el Convenio 169 de la OIT que exige el conocimiento previo e informado y la consulta con los pueblos indígenas y originarios.

Viajes a Tegucigalpa, cartas, quejas, protestas, denuncias ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… “Hicimos un trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas indígenas”. Ese año marcó el punto de ruptura. En abril bloquearon una de las carreteras para impedir el acceso al territorio. Allá han permanecido 21 meses, estratégicamente organizados, con un sistema de rotaciones y alertas, resistiendo las agresiones y ataques. En julio de ese año, tras la muerte de Tomás García, Sinohydro se retiró del proyecto y rompió su contrato con DESA. Más tarde, el IFC anunció la retirada de los fondos. La construcción de la presa se paralizó…”

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