«Huelga del Metro de Barcelona. Municipalismo del cambio, huelgas y conflicto» de Oscar Blanco, en Viento Sur

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«Barcelona En Comú ha encarado probablemente su semana más difícil en los nueve meses al frente del gobierno. Aunque habían existido otros momentos de tensión entre el Ayuntamiento y sectores del activismo social (como las operaciones de la Guardia Urbana contra los manteros), la huelga de Metro del 22 y 24 de febrero seguramente ha sido el enfrentamiento más abierto y crudo entre el consistorio y una movilización de los de abajo. Desde el compromiso con las experiencias de “municipalismo de cambio” es necesario hacer una reflexión que nos permita entender mejor qué y por qué ha pasado y qué implicaciones tiene para el movimiento. No se trata de dar lecciones desde posiciones de confort a las personas que están en la primera línea institucional, sino de aportar ideas para extraer lecciones colectivas.

La eclosión mediática y pública se ha dado en este momento por la coincidencia de los paros con el Mobile World Congress, pero se trata de un conflicto laboral que se arrastra desde hace meses, dentro de una lucha de años en TMB. Se trata de la negociación del convenio en Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, la empresa pública que gestiona el Metro (mientras Transports de Barcelona lo hace con el bus), negociación que está absolutamente atascada y con unas reivindicaciones, principalmente la descongelación salarial después de 4 años y la reducción de los 600 puestos de trabajo precarios en la empresa, presentadas en una plataforma unitaria de los sindicatos de metro y que no se habían ni valorado.

Como síntoma del atasco de las negociaciones, los trabajadores denuncian que la dirección no se presentaba a algunas reuniones y que no había hecho ninguna propuesta por escrito. En este contexto, en enero la Asamblea General de la plantilla convocó un paro parcial el 2 de febrero y huelgas de 24 horas dos días durante el MWC. El Ayuntamiento, siguiendo los consejos de “gente con experiencia política”, según explicó Ada Colau en Rac1, no había intervenido en el conflicto. Sin embargo, el comité de empresa y los sindicatos del metro habían apelado públicamente en diversas ocasiones al equipo de gobierno para que desautorizara a la dirección y desbloqueara la situación.

Intervención del Ayuntamiento

La propia Colau aterrizó en el debate público sobre el conflicto de una forma desafortunada, como ella misma reconoció y rectificó después en un programa de TV3, al pedir a los trabajadores que retiraran la convocatoria de huelga para poder negociar. Desde entonces tanto Colau como Mercedes Vidal, consejera de Movilidad y presidenta de TMB, han defendido el derecho a huelga en sus intervenciones públicas, pero recalcando la idea de que ésta en concreto era “desproporcionada”. Sin embargo, la propuesta hecha por la dirección con la mediación del Ayuntamiento la semana antes del MWC fue rechazada por unanimidad en las asambleas de trabajadores que decidieron mantener la huelga.

Hay, al menos y desde mi punto de vista, tres críticas a cómo ha encarado el conflicto el Equipo de gobierno:

Primera: transmitir una concepción de la huelga extremadamente restrictiva. “Entiendo que la huelga es una medida extrema a la que se recurre ante pérdidas de derechos y cuando la otra parte no ofrece diálogo, cuando no hay otra vía”, afirmaba Colau en su página de Facebook. Sin embargo, no es nada demasiado novedoso decir que la huelga es una de las pocas herramientas de presión efectiva con la que cuentan los trabajadores y que por supuesto no está limitada a luchas defensivas. Precisamente el modelo de sindicalismo de pacto social y diálogo que evita el conflicto es el que ha demostrado su inoperancia para defender las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Segunda: la utilización de tácticas desmovilizadoras propias de la “vieja política”. Por ejemplo, llamadas a la responsabilidad de todas las partes; las críticas constantes a la huelga en los medios de Mercedes Vidal, militante de Comunistes de Catalunya y EUiA; la publicación de los sueldos de los trabajadores, que además afirman que los datos no eran correctos, señalándolos como “privilegiados” frente a sectores populares más depauperados; o la reunión con las cúpulas catalanas de CCOO y UGT, a la que CGT se negó a asistir al entender que el único legitimado para negociar era el Comité de Huelga.

Tercera: una lógica de enfrentamiento entre los intereses de los trabajadores y los de los usuarios o incluso los de la ciudad en abstracto. La principal muestra de esto: afirmar que para asumir las reivindicaciones laborales habría que subir el precio del billete o los impuestos, en lugar de poner el foco en las restricciones del Tribunal de Cuentas, en la financiación insuficiente del transporte público por parte de la Generalitat y el Estado o en la necesidad de racionalizar y democratizar la estructura de TMB. También parecía que la principal motivación para intentar resolver el conflicto fuera “que el MWC fuera un éxito”, reforzando el consenso en torno a la importancia de proteger la marca Barcelona y los efectos casi milagrosos de los macroeventos en la economía metropolitana para cualquier habitante de la ciudad sin importar su clase social.

En definitiva, una lógica de desmovilización que rompe con el discurso de BenComú hasta el momento, que siempre ha puesto el acento en la necesidad de autoorganización y presión popular para hacer posibles cambios significativos. No se trata de que el Ayuntamiento tuviera que aceptar sí o sí las reivindicaciones de la huelga, pero ha aparecido alineado con la directiva de TMB y los poderes económicos y mediáticos contra los huelguistas. Ha puesto el foco en los salarios de la plantilla y en su responsabilidad en el conflicto, en lugar de señalar la necesidad de reestructurar la sobredimensionada dirección de TMB, acabar con la opacidad y la utilización de la empresa como un cementerio de elefantes sociovergentes y legitimar tanto las reivindicaciones como la huelga de los trabajadores, incluso aunque sean presupuestariamente inasumibles…”

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