“Insumisión democrática de un Gobierno en funciones” de José Antonio Martín Pallín, en eldiario.es

rajoy altanero

“La democracia es un conjunto de principios y valores construido sobre unos pilares que si se resquebrajan o rompen terminan por desmoronar el difícil equilibrio entre los poderes que la sustentan.

Cuesta trabajo recordar, como algo elemental, que la soberanía reside en el pueblo y que son  los ciudadanos los únicos y legítimos titulares de un conjunto de derechos y libertades, entre las que se encuentra la potestad de elegir, mediante elecciones libres, a los candidatos que representan las distintas opciones políticas que conviven dentro de un esencial pluralismo democrático, sin cuya supervivencia y desarrollo no serían posibles los derechos fundamentales. La piedra angular del normal mantenimiento de la esencia de la democracia está compuesta de un sistema de controles recíprocos entre los tres poderes del estado, legislativo, ejecutivo y judicial.

En estos momentos estamos viviendo en España una situación de normalidad democrática, aunque algunos agoreros interesados, se empeñan en convertirla en una especie de vacío de poder, quizá porque añoran los tiempos en que los poderes absolutos, nunca dejaban de ejercerse y se perpetuaban en el tiempo.

Nuestra Constitución, contempla la existencia de un Gobierno en funciones, mientras se produce el traspaso de la responsabilidad de gobernar a los que resulten elegidos según las reglas establecidas para la elección y la investidura de un nuevo ejecutivo. El artículo 101 regula del cese del gobierno, tras la celebración de elecciones generales o en otras circunstancias y dispone que el Gobierno cesante, permanece en funciones, hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Un Gobierno en funciones nunca puede estar por encima de los principios rectores del sistema democrático y no puede refugiarse en una inaceptable y tramposa cobertura de la legalidad infraconstitucional para actuar al margen de los controles necesarios para la estabilidad y salud democrática.

El Gobierno en funciones, no se escapa a las previsiones del artículo 66 de la Constitución que encomienda, sin distinciones ni matices, a las Cortes generales la irrenunciable función de controlar la acción del Gobierno. Existe unanimidad doctrinal y jurisprudencial para delimitar de manera inequívoca, las competencias de un Gobierno en funciones.

La ley que regula la acción del gobierno cuando se trata de un ejecutivo en funciones, como es lógico, deja un espacio abierto a determinadas decisiones que, por razones de urgencia y de interés general, deben tomarse sin perjuicio de establecer nítidamente que su gestión se limita al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya motivación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Es evidente y creo que nadie tendrá la osadía de sostener lo contrario que carece de facultades legislativas y sus funciones deben limitarse al despacho diario de los asuntos públicos…”

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