“La crisis económica y la devaluación salarial” de José Ignacio Pérez Infante, en Economistas frente a la crisis

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“Desde 2009 se produce una importante moderación salarial, al crecer cada vez menos tanto los salarios pactados en los convenios colectivos como los salarios brutos percibidos por los trabajadores. Ello va a provocar que, a partir de 2010, los salarios aumenten menos que la inflación y que se produzca un retroceso muy notable de los salarios reales, del 7,2% hasta finales de 2014, si esos salarios se miden por el coste salarial por trabajador (equivalente al salario bruto por trabajador) de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), deflactados por el IPC medio de cada año. Ello implica una importante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero, es que, además, desde el último trimestre de 2012 no solo se reduce el salario real sino que también lo hace el monetario para el conjunto de los trabajadores. De esta evolución destaca el descenso de ese último trimestre de 2012, el 3,6%, en tasa interanual, en parte, aunque no solo, por la supresión en diciembre de ese año de la paga extraordinaria de los empleados públicos.

Pero, ¿cuáles han sido las causas de esta evolución salarial? Es obvio que el retroceso de la actividad económica y la reducción de la inflación desde el inicio de la crisis han influido. Pero, sobre todo, porque el deterioro de la actividad económica ha ido acompañado de una importante destrucción de empleo (casi 3,2 millones desde el inicio de la crisis) y de un fortísimo aumento del paro (más de 3,6 millones de personas paradas más), lo que ha supuesto una acusadísima merma de la capacidad negociadora de los trabajadores y de sus representantes. Ahora bien, a este debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores no solo ha contribuido la propia crisis sino también las estrategias seguidas por los gobiernos, en concreto, la política de austeridad y las reformas laborales.

La política de austeridad, que ha significado importantes recortes del gasto público, sobre todo, social y en infraestructuras, y notables aumentos de los impuestos directos e indirectos, aparte de desencadenar el descenso del empleo y de los salarios del sector público, ha acentuado las consecuencias de la crisis sobre el retroceso de la demanda agregada de la economía y, por lo tanto, sobre el total del empleo y del paro, lo que ha propiciado que la recesión (descenso intertrimestral del PIB) se prolongara hasta el segundo trimestre de 2013. Solo la flexibilización de la UE del cumplimiento del objetivo del 3% del PIB del déficit público, retrasándolo desde 2013 a 2016, y la política de expansión monetaria del Banco Central Europeo han permitido el inicio desde el tercer trimestre de 2013 de una recuperación económica incapaz por ahora de crear empleo estable y bien renumerado y de reducir drásticamente el nivel y la intensidad del paro.

Y, también, las reformas laborales aprobadas desde el inicio de la crisis, de las que la más radical de todas ellas es la de febrero de 2012, han ido en la misma dirección de debilitar la posición de los trabajadores en el seno de las relaciones laborales. Y ello por una serie de medidas dirigidas a desregular el mercado de trabajo y a reducir los derechos de los trabajadores, entre las que destaca la mayor facilidad y el abaratamiento del despido, en particular, del improcedente, del que se realiza sin causa alguna. Pero también en este mismo sentido, cabría destacar la mayor posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, cuando estén fijadas en convenio colectivo, al facilitar el descuelgue o inaplicación del correspondiente convenio, o cuando no lo estén, permitiéndose en ese último caso modificar las condiciones de trabajo por decisiones unilaterales de los empresarios, sin necesidad se acuerdo o consenso alguno con los trabajadores. Asimismo, se introdujeron importantes medidas dirigidas directamente a debilitar la negociación colectiva, sobre todo la sectorial, y a desequilibrarla en beneficio del poder de las empresas y en perjuicio de la posición de los trabajadores, con cambios como la posibilidad de que un convenio de empresa modifique sin ninguna limitación convenios sectoriales de ámbito superior y el final de la ultraactividad (la prórroga del convenio) cuando haya transcurrido una año desde la terminación del período de vigencia del convenio con la posibilidad de que los trabajadores cubiertos por ese convenio se queden fuera de esa cobertura y tengan que negociar el nuevo sin tener en cuenta los derechos que ya habían conseguido anteriormente…”

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