“La huelga no es un delito” en según Antonio Baylos…

Los-8-de-AIRBUS

Como posiblemente conocen los lectores del blog, hay más de trescientas personas procesadas penalmente por participar en piquetes de huelga en las huelgas generales del 2010 y del 2012. El 9 de febrero comienza un juicio penal muy decisivo contra los ocho miembros del Comité de Empresa de Airbus, a los que se les piden penas de cárcel de 8 años de media a cada uno. Los sindicatos CCOO y UGT se han movilizado frente a esta agresión real al sindicalismo de clase y están organizando una serie de actos para sensibilizar a la opinión pública sobre este punto doliente de la democracia. Entre estos, el próximo 19 de enero se realizará un acto público en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, a las 18,30 de la tarde, en el que entre otras cosas, se leerá un manifiesto de los profesionales del derecho contra la criminalización del derecho de huelga. El texto de este manifiesto se ofrece en rigurosa primicia combinada entre el blog hermano Metiendo Bulla y este. El objetivo es darlo a conocer y posibilitar su difusión, y en última instancia, recabar adhesiones al mismo entre profesores, abogados y en general juristas o asimilados que expresen su solidaridad frente a estos fenómenos. Del acto y de los nombres que suscriben el manifiesto se dará cuenta oportunamente también en este blog.

MANIFIESTO  DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA
 
Durante cuarenta años el franquismo mantuvo una hostilidad permanente frente al conflicto social y especialmente laboral. Era la expresión de su ADN político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el Dictador, y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y la emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la persecución contra el conflicto laboral y social, la huelga se reconoció como un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está conectado directamente con el compromiso del Estado Social y de los sujetos de relevancia constitucional como los sindicatos para promover la igualdad efectiva eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y cultural.
Sobre esta normalidad democrática que lleva aparejado el reconocimiento de los derechos colectivos de trabajo, a partir del 2010 hemos sufrido en España un paulatino y creciente ataque a los derechos sociales de la ciudadanía y a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país causados por la aplicación de injustas, arbitrarias e irrazonables políticas de austeridad que, especialmente a partir del 2012, han causado un inmenso sufrimiento social y han incrementado la desigualdad y la exclusión en una buena parte de las clases subalternas. El ciclo de luchas desarrollado en España en esta etapa, especialmente entre 2010 y 2014, expresa una fuerte resistencia ciudadana a tales medidas y es posiblemente la fase de mayor entidad y consistencia de movilizaciones sociales, por la cantidad y diversidad de figuras sociales comprometidas, desde la transición a la democracia, hace ya 40 años. En esas luchas han cobrado una relevancia extraordinaria las huelgas generales convocadas por los sindicatos en 2010 y 2012, que unieron protesta y propuesta alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema de derechos laborales.
La respuesta de los poderes públicos a estas intensas movilizaciones ha consistido esencialmente en la criminalización selectiva de los participantes y la instauración de un marco represivo general –la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal entre otras– que disuada en el futuro frente a las expresiones más efectivas de la protesta ciudadana. En nuestro país el Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase obrera que suman ya 300 personas, entre dirigentes sindicales, miembros de los órganos de representación de los trabajadores y, en general, militantes sindicales. Es el sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo de esta incriminación penal, que puede acarrear condenas de dos a ocho años de cárcel, como se solicitan para los miembros del comité de empresa de Airbus cuyo juicio se celebra el próximo 9 de febrero.
Los abajo firmantes, como juristas y profesionales, como investigadores sociales y profesores, mujeres y hombres que creemos en la democracia y en la legitimidad de los instrumentos de conflicto colectivo que reconoce nuestra Constitución a los trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones representativas para superar la desigualdad intrínseca propia de la relación de trabajo, no podemos ni queremos callar ante esta operación que busca eliminar el derecho de huelga y estigmatizar a los sindicatos como autores de actos de violencia y coacción que nunca se han producido.