«La modificación de la Ley de Costas Una reforma para desproteger y privatizar la costa» de Mar Aguilera Vaqués, Àlex Peñalver i Cabré y Lluís-Xavier Toldrà i Bastida en mientras tanto

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«La Ley de Costas de 1988 ha sido una herramienta que se ha revelado útil, pese a sus limitaciones, pues ha encarnado uno de los aciertos más que notables en la protección del litoral frenando así, en parte, la aniquilación de la costa española que venía produciéndose en las décadas que la preceden. Estos 35 años de vigencia de la Ley de Costas han sido un ejemplo de transversalidad ideológica en la preservación de la costa. Prueba de ello ha sido su supervivencia normativa durante estos años de gobiernos de diferente signo. Algo que sería muy positivo en los tiempos actuales. Este proceso de conservación ha implicado a muchos ciudadanos de todas las tendencias y color político. No es justo que ahora se abandone la costa a este peligroso fantasma conocido como “el mercado”.

El actual proyecto de ley que modifica esta norma de 1988 (recientemente ya aprobado por el Senado y pendiente de su inminente posterior aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados) causa una profunda decepción. Aunque se autodenomina “ley de protección y uso sostenible del litoral”, este proyecto abre la puerta a una banalización, degradación y destrucción aún mayor de nuestras costas. Por ello, se debería denominar “Ley de explotación del litoral”, puesto que, de manera más coherente, indica lo que se va a perpetrar. Se olvida que asumir y asegurar una política activa de conservación del litoral es la manera que mejor contribuye a mantener e impulsar la actividad turística y económica de nuestro litoral. No podemos compartir de ningún modo la reducción de la zona de servitud de protección de 100 metros para permitir desarrollos urbanísticos en municipios cuyas dos terceras partes ya estén transformados. Tampoco entendemos la amnistía generalizada de construcciones fuera de ordenación dentro del dominio público-marítimo terrestre (DPMT). Causa estupor la legalización de monstruos del pasado que se excluyen del DPMT (como Empuriabrava y otros once más) y la amenaza sobre espacios naturales de altísimo nivel de protección (como el Salobrar de Campos, en Mallorca). Marinas y salinas de nueva construcción dejarán de ser DPMT. Se aumenta a 75 años el plazo de la concesión de ocupación (DPMT) lo que también fomenta el uso privado del litoral. Además, ignora las previsiones del cambio climático al mantener construcciones existentes en zonas de dominio público-marítimo terrestre pudiendo ser a cargo del Estado los costes de las obras de defensa. Todas las previsiones mínimamente protectoras tienen su consiguiente excepción que, como ya sabemos y viene ocurriendo en derecho español, se convertirán en norma. No hace falta ser muy sagaz para ver que se trata de medidas que, a socaire de los vientos de crisis, contienen una clara intención ideológica de permitir una mayor urbanización de nuestras costas para mayor gloria de los lobbies del cemento que han destruido nuestra geografía y nuestra economía…»

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