“Ley de Seguridad Ciudadana: represión más indefensión” de Carlos Jiménez Villarejo, en infoLibre

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“El origen del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana puede situarse en el discurso del ministro del Interior en el Círculo Ecuestre de Barcelona en junio de 2012. En él definía la situación provocada por el 15-M y otras movilizaciones como de “incivismo”, concepto que incluía conductas tan opuestas como los “incendios forestales provocados” –un delito– y los “piquetes sindicales”. Ante este panorama, deliberadamente falso, proponía “una respuesta coercitiva mas eficaz”. Este proyecto es el ejemplo paradigmático de ella. Los derechos individuales saltan hechos pedazos y se induce un clima de amedrantamiento entre los ciudadanos.

El preámbulo parte de principios genéricos y confusos como el de “seguridad ciudadana” y otros, de evidente connotación represiva, como “el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”. Para tal fin, se fortalece la capacidad intervencionista y coercitiva de la Policía, se restringen expresa o tácitamente derechos ciudadanos, se amplían desmesuradamente las infracciones administrativas y se incrementa la facultad sancionadora; con sanciones económicas de hasta 600.000 euros que representan una mayor presión sobre los ciudadanos ya que el impago de las multas genera el inmediato embargo de sus bienes. Todo ello, a partir del concepto de “seguridad ciudadana” que, pese a emplearse en la ley hasta la saciedad y exigirse “el respeto” a ella, no se define ni se concretan sus contenidos, lo que posibilita el favorecimiento de un ejercicio abusivo y arbitrario de su aplicación por los agentes policiales.

Entre las potestades de la Policía, “de indagación y prevención delictiva”, se incluye la facultad para la identificación de las personas y, en los supuestos previstos, el traslado temporal de las mismas a dependencias policiales próximas a los efectos de dicha identificación, privación temporal de libertad absolutamente injustificable que puede llegar “hasta las seis horas”. Con estos fines tan indeterminados, que no exigen la concurrencia de indicios concretos respecto a la persona afectada, puede procederse a lo que es exactamente una detención, medida excepcional que solo está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la comisión de un delito…”

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