Los EREs de Andalucía: «Sobre responsabilidades políticas» de Javier Aristu, en campo abierto

chaves llegando

“Un amigo y socio de batallas políticas anteriores me recrimina amablemente que en mi anterior entrada en este blog afirme que las pasadas elecciones andaluzas han cerrado un capítulo de las responsabilidades políticas sobre los EREs. Literalmente la frase con la que mi amigo no está de acuerdo es aquella que decía: “…situados ya en abril de este 2015, las responsabilidades políticas fueron dilucidadas con las elecciones del pasado 22M.” Da la impresión, y es a lo mejor lo que ha sorprendido al veterano compañero, que la amnesia está ya legalizada tras la apertura de las urnas. No es así como yo lo veo. Si el lector continúa verá que digo a continuación “Los votantes formalmente cerraron el periodo y abrieron uno nuevo. Otra cosa es que se piense con razón que dichos dirigentes de la Junta no asumieron políticamente en su momento las responsabilidades que se derivaron de aquellas acciones de corrupción y malversación de caudales públicos.” Como el asunto me parece de interés y tiene que ver con la médula de nuestra democracia trataré de explicarme mejor.

Es imprescindible, de entrada, distinguir entre lo que son las responsabilidades políticas, asumidas por las personas que ejercen cargos de elección, de las responsabilidades jurídicas que todos los ciudadanos, entre ellos los políticos también,  tenemos por el hecho de ser eso, ciudadanos. Cuando una persona es elegida por los ciudadanos para ejercer un cargo asume desde ese instante unos compromisos contractuales con los mismos, que le obligan  a ejercer el poder dado de forma lícita y adecuada. Si no es así, comete pena de responsabilidad política y debe ser sancionado, con castigos de naturaleza política puesto que la falta ha sido política.

Ya es clásica la distinción entre las democracias presidencialistas, en las que el presidente es elegido directamente por el pueblo, estableciéndose un “doble poder” entre el presidente y las cámaras representativas, y, por otro lado, las democracias parlamentarias, donde el presidente del ejecutivo, e incluso el del estado, es elegido por las propias cámaras. Ambas tienen establecidas normas y procedimientos distintos para sancionar la responsabilidad política. En el primer caso, en las democracias presidencialistas, la responsabilidad política puede llegar hasta el de que las cámaras de representantes (congresistas y senadores) expulsen del cargo a su detentador (es conocido el caso del presidente Nixon que iba a recibir un impeachment de las cámaras por lo que antes dimitió del cargo). En el segundo caso, el de las democracias parlamentarias, el mecanismo más usual suele ser el de la moción de censura por la que el presidente del consejo de ministros es “castigado” y destituido de su función. En el caso de las democracias presidencialistas estaríamos ante una sanción de tipo político-jurídica; en el de la democracia parlamentaria sería lisa y llanamente un juicio político, sin ningún tipo de consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Sencillamente porque la falta se considera de responsabilidad política; la cámara de representantes no puede ejercer la justicia, esta le compete a los jueces y magistrados. Junto a estas sanciones existen, afortunadamente, otros mecanismos en los que aparece palpable esa ruptura del contrato entre ciudadano y representante: la reprobación del cargo o la dimisión. En el primer caso se trata de una declaración política sin consecuencias prácticas posiblemente; en el segundo es cuando el cargo público cesa voluntariamente en sus funciones porque reconoce que los hechos denunciados, aunque hayan sido ejecutados por un subordinado y él no fuera conocedor de los mismos, se han producido bajo su responsabilidad política y en consecuencia él asume su pena. Parece que este mecanismo es el usual en los países democráticos…aunque al parecer España no lo termina de practicar…”

Texto completo en https://encampoabierto.wordpress.com/2015/04/16/sobre-responsabilidades-politicas/