«Los humos del PP» de Jose María Mena, en la lamentable

Rajoy-y-Rita-Barbera

“Un auto del juez Ruz declaró que el PP tenía una caja B en su contabilidad durante diez y ocho años. Declaró imputados a Bárcenas, Lapuerta y Páez como presuntos autores de un delito contra la Hacienda Pública, y seguidamente declaró al PP responsable civil subsidiario por el delito imputado a sus empleados, es decir, que el PP deberá pagar las responsabilidades civiles que se exijan a Bárcenas y demás acusados, si estos no pagan. Como los hechos eran anteriores a la nueva ley que permite imputar a los partidos políticos, el juez no pudo declarar imputado al PP.

El Auto de Ruz describía meticulosamente que los imputados recibían dinero en efectivo, pese a que la ley exige que se ingrese en cuentas corrientes de entidades de crédito abiertas exclusivamente pare ese fin. Lo entregaban personalmente individuos vinculados con sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos. Este dinero se ingresaba fraccionando las entregas para no superar los límites legalmente establecidos. Con la misma meticulosa precisión el Auto describía el destino del dinero así recibido: Retribuciones y sueldos complementarios del Partido, campañas electorales y gastos de la formación política, incluidas las obras en la sede central y otras, y servicios especiales como los del Instituto de Estudios Sociales de Pedro Arriola, marido de la inefable Celia Villalobos. Esos ingresos y gastos quedaban al margen de la contabilidad oficial declarada por el Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas.

La operación Taula de la Guardia Civil, obviamente dirigida por un juez, pone al descubierto que el PP valenciano también ha estado actuando de forma similar. Pero cuando Ruz dictó su Auto el PP estaba pletórico de poder, y Rajoy todavía existía. El mismo día que se notificó el Auto de Ruz el PP hizo pública una nota de prensa en la que negaba la existencia de la “caja B”, y lo que denominaba “las supuestas donaciones que desconocía”. La nota expresaba una indisimulada irritación ante la osadía del juez, capaz de importunar al partido del gobierno, que, al parecer, se creía intangible e infalible. Y, en consecuencia, en el quinto y último apartado de la nota, el PP decía lo siguiente: “Con el debido respeto a las decisiones judiciales, el PP se reserva las acciones legales que le correspondan, en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno”.

Como el mundo del derecho, de los procesos y de los leguleyos es tan endemoniadamente abstruso, críptico y ambiguo, conviene hacer un breve comentario sobre lo que el PP había podido querer decir, o dejar dicho, con eso de “se reserva las acciones legales”.

Ejercer una acción legal es comparecer ante un juzgado o tribunal, con el correspondiente abogado, iniciando un proceso con la pretensión de obtener una condena, una declaración de derechos o cualquier otra tutela judicial. La acción legal es, necesariamente, contra alguien. La reserva de las acciones legales que anuncia el PP significa que se guarda para un momento posterior la posibilidad de acudir a un juzgado para actuar contra alguien. ¿Contra quien? Pues, lógicamente, si la nota quiere desautorizar al juez, será contra él contra quien ejercerá las acciones legales, en el momento procesal oportuno.

No era oportuno el momento en que el PP intentó colarse en el proceso fingiendo querer ser acusador, para defender sus propios intereses y ocultar sus irregularidades, ayudando subrepticiamente a Bárcenas en los primeros momentos. Su impostura quedó al descubierto y el PP fue expulsado del proceso como acusador. Pero cuando el juez Ruz les puso al descubierto, estallaron los malos humos del PP. Sin demasiados disimulos estaba mandando un preocupante recado al juez. Parece estar diciéndole “Tu actuación contra el PP fracasará, y cuando acabe todo esto vamos a por ti”.

Las acciones legales pueden ser acciones penales, en cuyo caso irían dirigidas a conseguir la condena de Ruz como prevaricador, con expulsión de la Carrera Judicial, y, posiblemente, además, pueden ser civiles, para reclamarle una indemnización millonaria, insoportable con los ingresos de un funcionario público.

A primera vista esta amenaza debería parecer inviable, pero escalofría recordando recientes experiencias de otros jueces. Las veladas amenazas de quien tiene el poder nunca son gratuitas. Ejercer la independencia judicial en estos tiempos parece un oficio de alto riesgo…”

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