“México: Fin del sexenio de las reformas”. Editorial. La Jornada

Característico del sexenio que terminó ayer fue el afán por llevar el modelo económico neoliberal hasta sus últimas consecuencias, lo que implicó una nueva y radical reducción del Estado en áreas estratégicas, mayor desregulación, pérdida de derechos colectivos y la cesión de grandes porciones de territorio a compañías privadas de México y del extranjero. En esta lógica, la presidencia de Enrique Peña Nieto logró lo que no pudieron las de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: abrir la industria energética a los capitales privados. Con ello el Estado perdía buena parte de la renta petrolera y se hacía necesario cubrir el faltante con nuevos impuestos. La reforma energética y la fiscal fueron, por así decirlo, dos piezas de un sólo mecanismo.

Pero la privatización de recursos naturales, procesos productivos, de transporte y distribución en el sector energético, si bien significaron un trágico avance en la reducción y aun el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedaron muy lejos de cumplir con las expectativas que el propio gobierno ofreció con insistencia mediante masivas campañas publicitarias: la inversión extranjera no fluyó, la producción energética, en lugar de crecer, se estancó (CFE) o se redujo (Pemex) y la reforma energética se tradujo, a la postre, en depresión económica para diversas regiones de la nación y en el encarecimiento de los combustibles en general, lo que incidió en el mediocre desempeño económico del sexenio y se tradujo, para colmo, en brotes de descontento social en puntos tan distantes del territorio como Mexicali e Ixmiquilpan. Por añadidura, la reforma mencionada llevó a la pérdida de la soberanía energética, hasta el punto de que actualmente México no sólo es importador neto de gasolinas sino hasta de petróleo crudo, y buena parte de su generación eléctrica depende del gas natural comprado a Estados Unidos.

La otra gran reforma estructural de la administración peñista, la educativa, tuvo consecuencias aun peores: diseñada para desmantelar la organización sindical de los maestros más que para mejorar la calidad de la educación, como se aseguraba, el conjunto de modificaciones legales agrupadas bajo ese nombre provocó un vasto movimiento de resistencia magisterial que se extendió a zonas del país que hasta entonces habían permanecido ajenas a las movilizaciones de los profesores, sumó a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a porciones del sindicato oficialista, pasó por excesos represivos injustificables, como la agresión policial a la poblaciones de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y Arantepacua, Michoacán, que dejaron varios muertos, y por acciones de criminalización de la protesta social como la fabricación de cargos penales en contra de dirigentes magisteriales.

Tanto la reforma educativa como la energética son ejemplos del daño económico, social y político que causa la aplicación a espaldas de la sociedad de recetas económicas ideadas por organismos financieros internacionales para beneficiar a las corporaciones en detrimento de las poblaciones. Es positivo, por ello, que el gobierno que inicia hoy se haya manifestado por reorientar el sector energético nacional para reconstruir a Pemex y a la CFE y recuperar la soberanía energética, y que el Legislativo construya a la brevedad un nuevo marco jurídico que realmente promueva la calidad en la educación sin agraviar al magisterio nacional.

A fin de cuentas, el sexenio de las reformas ya terminó.

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