“Reformar la justicia a peor” de José María Mena, en la lamentable

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“Todos quieren aparentar que pretenden reformar la administración de justicia, pero ponen especial cuidado en no cambiar nada, o, como ahora parece, en cambiar a peor. Al final del gobierno de Zapatero, el Ministro de justicia Caamaño, que acababa de relevar a Fernández Bermejo, presentó un completísimo y extenso Anteproyecto de reforma de la ley procesal penal que, razonablemente, ya estaría casi completado por el anterior Ministerio. Caamaño lo presentó cuando ya era imposible su tramitación parlamentaria. Y así murió el proyecto socialista.

Gallardón presentó otro Anteproyecto completísimo y extenso redactado, según dicen, por un equipo que dirigía Marchena, ahora Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. También cesó Gallardón y su proyecto de reforma también quedó colgado. Entonces llegó el nuevo Ministro, Catalá, polifacético tecnócrata relacionado con la patronal de la industria del juego. Llegó e inmediatamente presenta esta semana un nuevo Anteproyecto de reforma de la ley procesal penal, que no es más que un refrito desarbolado, parcial y lleno de amputaciones del proyecto de Gallardón, que lo era del proyecto de Caamaño, que lo era del proyecto de Fernández Bermejo.

El Ministro Catalá dice que no hacen falta más jueces, cree que los que hay son suficientes, aunque trabajan despacio. Pero, según parece, solo los jueces de instrucción. Por eso propone que acaben su trabajo en seis meses, y si se trata de casos complicados, en diez y ocho meses. Bien, ¿y si en el tiempo marcado no han acabado, que hará? ¿Archivará el caso, pese a los indicios o videncias y pondrá en libertad al preso preventivo si lo hay? ¿Procesará al juez por su lentitud? ¿Le obligará a pagar a las víctimas o perjudicados?

Muchas veces la lentitud no es cosa de los jueces de instrucción sino de sus superiores, las Audiencias o Tribunales superiores o Tribunal Supremo, que tardan lo indecible, a veces, en resolver los recursos que se interponen contra decisiones de los instructores. Y no consta que el proyecto diga nada sobre estas causas de lentitud.

Por eso parece que la preocupación no recae sobre la lentitud de la justicia sino sobre el trabajo de los instructores. Sobre determinado trabajo de determinados instructores en determinados casos.

El presidente del Tribunal Supremo dijo hace poco que las leyes que regulan los procesos penales en España están previstas para los robagallinas, pero no para los grandes defraudadores. Con esta frase, aparentemente demagógica, se estaba refiriendo, sin duda, a todos los Bárcenas, Urdangarín, los Pujol, o los Gürtel, todavía pendientes de un juez de instrucción. O al constructor Núñez, expresidente del Barça, o a Fabra el del aeropuerto sin aviones, que ya han sido juzgados y condenados pero tras más de diez años desde que cometieron los hechos delictivos hasta que la condena ha sido firme…”

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