Republicanismo y derecho al sentimiento nacional. Armando Fernández Steinko. Crónica Popular

Las izquierdas independententistas, y también las confederalistas que colaboran estrechamente con aquéllas, construyen sus estrategias políticas sobre dos grandes malentendidos. El primero afecta al análisis del Estado y el segundo al fenómeno identitario. Es el segundo el que vamos a tratar aquí pero, en realidad, ambos están muy unidos entre sí.

El principal argumento de los independistas de todos los colores, y que repiten los confederalistas de Podemos/En Comú Podem, es que “los catalanes”, “los vascos”, etc, tienen una identidad propia, y que esto obliga a reconocer a Cataluña, Euskadi etc como sujetos nacionales diferenciados. No hay ninguna duda de que este sentimiento afecta a una parte importante de la población catalana, vasca etc pero la cuestión es ¿por qué es así? Para la derecha nacionalista y confederalista a lo Herrero de Miñón, la respuesta es fácil: el derecho natural, el alma colectiva nacida en coyunturas históricas remotas, la existencia misma del sentimiento son argumentos suficientes. Pero la izquierda necesita esquivar esta pregunta pues abordar su respuesta la empuja, antes o después, hacia un discurso idéntico al de las derecha. Porque lo cierto es que la explicación nacionalista/confederalista del hecho identitario tiene poco que ver con lo que la izquierda   es y ha sido y, además, se basa en una visión falsa del propio hecho identitario.

La realidad es que las identidades se modifican de forma espontánea y se transmiten de unas generaciones a otras a través de la familia y de la comunidad, pero sobre todo se construyen políticamente, preferentemente a través de la escuela y los medios de comunicación. Antonio Santamaría demuestra en su “Convergència Democrática de Cataluña: de los orígenes al giro soberanista” –https://www.foca.akal.com/libro/convergencia-democratica-de-catalunya_30866/– cómo lo ha venido haciendo Covergencia i Unió a lo largo de los últimos treinta años con los resultados que están a la vista. Esta experiencia demuestra, como muchas otras, la naturaleza políticamente construida de las identidades modernas, aunque es comprensible que una persona nacida en los años del pujolismo y crecida en un entorno nacionalista considere esta construcción identitaria no como una construcción política, sino como una dinámica “natural” que contraste con el presunto artificio del “Estado Español”. Pero que las generaciones jóvenes no tengan conciencia de ello no demuestra nada, excepto que el problema identitario no está resuelto en España.

En las sociedades capitalistas contemporáneas los vínculos familiares y comunitarios son cada vez más débiles frente a la influencia de la escuela y los medios de comunicación, lo cual hace aumentar el peso de las identidades nacidas de decisiones políticas, de un diseño político consciente, sistemático y planificado a largo plazo. Si es así, la cuestión central es aclarar por qué en el resto de España no se ha abordado la tarea de una nueva construcción identitaria a partir de 1978.

La respuesta no es difícil: mientras los nacionalistas vascos y catalanes aprovecharon el Estado de las autonomías para hacerlo, no han existido fuerzas políticas con proyección estatal que hicieran lo propio para el conjunto de la nación de naciones. El punto de partida no era fácil porque, mientras Adolfo Suárez y los conservadores a lo Herrero de Miñón reconocían la legitimidad y la continuidad institucional tanto de la Generalitat de Cataluña como también de los propios fueros vascos incluso antes de la aprobación de la Constitución de 1978, no hicieron lo mismo con la legalidad republicana.

Las fuerzas postfranquistas eran demasiado fuertes en Madrid como para que los partidos de tradición democrático-republicana pudieran hacer valer su criterio. Bajo la amenaza de golpe de Estado, sin identificar la importancia del problema y dejándose llevar por la inercia impuesta por los pactos de la Transición, que incluían un fuerte apoyo en Madrid a los nacionalistas conservadores, los partidos políticos herederos de las tradiciones democrático-republicanas optaron por esquivar el problema, por no incluir en sus programas la construcción de una identidad democrático-republicana adaptada a los tiempos y las coyunturas del momento, incluida su coexistencia temporal con la monarquía. Al hacerlo, dieron su visto bueno a la conformación de un dualismo identitario en el país: mientras gallegos, vascos, catalanes e incluso andaluces, canarios y valencianos sentaban las bases para la construcción de nuevas identidades, más o menos fuertes y excluyentes, nadie se ocupó en Madrid de hacer lo propio para el conjunto de las Españas, algo nuevo, inclusivo y tendencialmente republicano que diera frutos a medio y largo plazo.

En realidad, lo que sucedió en los años de la Transición es que las fuerzas políticas estatales adoptaron acríticamente la posición de Azaña de 1932. Azaña era consciente de que los aglutinantes emocionales no son componentes periféricos sino que resultan centrales para cualquier proyecto político. Entendió, además, que la lengua se sitúa en el corazón de dichos aglutinantes, con lo cual la cuestión lingüística, y todo lo que esta trae tras de sí, se convirtieron en la llave del encaje territorial de Cataluña y el País Vasco. La lengua sirvió para segmentar de forma arbitraria un conjunto de “nacionalidades históricas” de otras que no eran merecedoras de este título por no disponer de lengua propia. Y eso a pesar de que, como cualquier lingüista sabe muy bien, la diferencia entre un dialecto y una lengua también es el resultado de una decisión política con lo cual no puede servir de punto de partida para construir un proyecto político sino, si acaso, como punto de llegada.

El error de Azaña, repetido por los partidos democrático-republicanos que hicieron la Transición de 1978, fue pensar que las identidades son variables a-históricas, cosas fijas e inmutables que hay que tener en cuenta para tomar decisiones políticas alrededor de ellas. En vez de asumir que se trata de creaciones políticas que requieren de un proyecto y de una ejecución a medio plazo, Azaña las trató de esta forma, aunque sólo reconoció su existencia para una parte del territorio de la República. “La diferencia política más notable que yo encuentro entre catalanes y castellanos” declara en su trascendental discurso en las Cortes del 27 de mayo de 1932, “está en que nosotros los castellanos, lo vemos todo en el Estado y donde se nos acaba el Estado se nos acaba todo, en tanto que los catalanes, que son más sentimentales, o son sentimentales y nosotros no, ponen entre el Estado y su persona una porción de cosas blandas, amorosas, amables y exorables que les alejan un poco la presencia severa, abstracta e impersonal del Estado”. ¿Cómo es posible sostener esto, decir que los “castellanos” no tienen derecho a un sentimiento identitario?

Lo que se escondía detrás de este esquema son varias cosas. Por ejemplo, los contenidos metafísicos de una parte del movimiento regeneracionista castellano a los que probablemente se quiso enfrentar Azaña aceptando, sin embargo, aquellos otros que estaban igualmente presentes en otros territorios del Estado. Pero la principal es el miedo de Azaña a que los monárquicos y españolistas ganaran la batalla de la identidad si se abría el melón de los “sentimientos” al sur del Ebro. Era una posición claramente defensiva que contrasta con la importancia que el primer Presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá Zamora, le atribuyó a la construcción de una identidad republicano en todo el territorio del Estado.

Lo que expresó Azaña en el Congreso es el esquema de los que siguen pensando y sosteniendo muchos progresistas españoles: “ellos” tienen derecho a construir una identidad propia pero “nosotros” no lo tenemos. O mejor: si lo hacemos, nos arriesgamos a tener que vérnosla con el españolismo rancio que seguro que nos acabará ganando la partida. El doble rasero de Azaña, que sufrió una enorme decepción al contemplar la escasa solidaridad que mostraron los nacionalistas vascos y catalanes con la República en los años de la guerra, es la semilla de las políticas de “hechos diferenciales” que se impuso en la Transición.

La Constitución de 1978, es un marco abierto y ecléctico en el tema identitario pues no especifica, no se atreve a especificar “qué es lo básico y qué tienen en común todos los españoles”, como señala críticamente el catedrático catalán de Derecho Constitucional Marc Carrillo. Las izquierdas defensivas y profundamente acomplejadas en este tema tomaron así la siguiente decisión: sumémonos como invitados de segunda al carro de la construcción identitaria de catalanes, vascos etc para que nadie piense que somos españolistas. Este terror a caer en las garras del españolismo es lo que les ha llevado no sólo a un seguidismo, primero identitario y luego político, de las opciones independentistas, sino también a hacerle el trabajo sucio al independentismo, sacrificando su propio proyecto político republicano-federal.

¿Qué hacer? Muy fácil: abordar la tarea política de construir una identidad inclusiva y común a todos los ciudadanos españoles y no resignarnos a que dos terceras partes de la población se tenga que conformar con la “presencia severa, abstracta e impersonal del Estado”. Con los precedentes señalados es fácil entender que, cuando los gobiernos se vieron incapaces de cumplir los grandes postulados civilizatorios de la Constitución de 1978 a raíz de la crisis de 2008, se produjera una fuerte crisis identitaria en el país y una eclosión de las “identidades periféricas” destinadas a llenar los vacíos que nadie se había preocupado de llenar durante los treinta años de bonanza constitucional.

La crisis tiene, al menos, una ventaja: que obliga, por fin, a todos los partidos de tradición progresista-republicana a admitir que el problema identitario no desaparece ni ignorándolo, ni subiéndose al carro de proyectos ajenos, sino que hay que abordarlo como un programa político propio y central. La alternativa a la actual contemplación acomplejada de la construcción identitaria del nacionalismo catalán, vasco, gallego etc puede apoyarse en la recuperación del acervo cultural del regeneracionismo que coaguló políticamente en la Segunda República.

Se trata de un acervo en parte rabiosamente moderno y que alimentó todos los regeneracionismos al mismo tiempo: el castellano, el catalán, el andaluz, el gallego y, en un sentido algo diferente, también el vasco. Porque si el regeneracionismo, la renaixença, el rexurdimento y el berpizkude aparecieron de forma casi simultánea a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, es porque los problemas a los que pretendían responder eran muy similares en todos los lugares de España al mismo tiempo: el problema de la separación entre el país real y el país oficial, la mixtificación del pasado absolutista dentro del discurso oficial, la calcificación del sistema político turnista, la corrupción local y el vaciamiento del sufragio.

Muchas de las ideas regeneracionistas que cristalizaron en el proyecto republicano conectan con demandas centrales de la izquierda en el presente: la reinvindicación del trabajo frente a la renta; el descubrimiento de la naturaleza y del paisaje en condiciones históricas distintas pero comparables en muchos sentidos; la “intrahistoria” unamuniana, es decir, la visibilización de los invisibles, de aquellos que no cuentan y no van a votar, pero que aportan una parte fundamental del excedente que consume toda la sociedad y que hoy sufren las peores consecuencias de las políticas de ajuste. No es admisible sin más envolver hoy a todos esos invisibles y a los que los defienden en el ropaje del término “pueblo” pues, a diferencia de lo que sucedía en tiempos pasados, los sectores privilegiados del nacionalismo se incluyen a sí mismos en esta categoría desvirtuándola completamente. Pero están ahí.

Mi punto es claro: todos los españoles, y no sólo los catalanes, vascos, gallegos y postfranquistas, tenemos derecho a ser “sentimentales”. Pero el “sentimentalismo progresista” no puede ser excluyente, supremacista, antidemocrático y puramente emocional como el que está arruinando la convivencia en muy poco tiempo sin aportar nada a los problemas de las personas.

La nueva identidad se tiene que apoyar en un discurso racional, escrupuloso con los hechos históricos aunque selectivo a la hora de reivindicarlos como referencias. Tiene que basarse en una visión solidaria de las culturas y de los “pueblos” bien entendidos, apoyarse en el discurso republicano-federal. Podría retomar a aquel remoto momento del siglo XIX, en el que los cuatro o cinco “renacimientos” se bifurcaron políticamente a pesar de nacer de problemas comunes, una bifurcación fatídica que debilitó el proyecto republicano mientras reforzaba la insolidaridad y la cultura de la España Única. Muchas de sus piezas han acabado integradas hoy en un discurso supremacista similar al de muchas derechas europeas, un discurso en el que una idea pervertida de “pueblo” se impone a la idea republicana de “ciudadano”. La idea de la ciudadanía no excluye el derecho al “sentimiento nacional” pero impone atarlo en corto, subordinarlo a la racionalidad que emana de las ideas algo “frías” pero precisamente por eso universales de libertad, igualdad y fraternidad.

No es sólo un programa para España: también lo es para el conjunto del mundo. En realidad, es el único que puede impedir que la actual crisis civilizatoria, ambiental y social degenere un caos autodestructivo de toda la Humanidad.

Republicanismo y derecho al sentimiento nacional