Saber salir. Enseñanzas históricas sobre los gobiernos de coalición de la izquierda. Fernando Hernández Sánchez. Sociología crítica

Por primera vez en ochenta y tres años parecen darse las condiciones para la conformación de un gobierno de coalición de la izquierda a nivel nacional. El impacto generado en la política española se corresponde con la novedad del acontecimiento. Un cierto estupor recorre de manera transversal a detractores y partidarios: los primeros, porque no acaban de dar crédito a la materialización del máximo temor que puebla históricamente su imaginario; los segundos, porque parecen poseídos por el vértigo de lo hasta hace poco inimaginable. Unos y otros escrutan el pasado en busca de antecedentes que confirmen o refuten sus posiciones. Más allá de la apelación tenebrosa al frentepopulismo y sus fantasmas por parte de la caverna, el caso citado como referente más próximo es el del primer gobierno de la presidencia de François Mitterrand.

El Programa Común (1981-1984).

El gabinete encabezado por el socialista Pierre Mauroy contó con la presencia de cuatro ministros comunistas en las carteras de Transportes, Función Pública, Sanidad y Formación profesional. Todos ellos contribuyeron a impulsar colegiadamente un potente programa social. Al tiempo que se incrementaban el salario mínimo y las ayudas familiares, los precios de la cesta básica fueron congelados por decreto. Se rebajó la edad de jubilación a los sesenta años y la jornada laboral a treinta y nueve horas semanales. La ley Quilliot reguló las relaciones entre propietarios de inmuebles e inquilinos otorgando mayor protección a estos. La ley Auroux reforzó el poder de los comités de empresa. Los derechos de los inmigrantes, incluso de los ilegales, fueron equiparados a los de los trabajadores nativos. Se despenalizó la homosexualidad, se abolió la pena de muerte y se suprimió el Tribunal de Seguridad del Estado, una jurisdicción excepcional creada por De Gaulle para perseguir delitos de naturaleza política que el propio Mitterrand había criticado en su libro El golpe de estado permanente. El gobierno de coalición implantó un impuesto sobre las grandes fortunas y llevó a cabo un vasto plan de nacionalizaciones en sectores estratégicos como el transporte, la banca, la industria química y la eléctrica.

Las medidas del Programa Común fueron contestadas con una fuga masiva de capitales (hasta un 2% del PIB francés), una huelga de inversiones y una subida en espiral de los precios no intervenidos. La moneda nacional, el franco, sufrió ataques que el gobierno intentó contrarrestar acudiendo a la devaluación. La divisa perdió un 20% de su valor, la inflación anual alcanzó cotas del 14% y el paro registrado se disparó hasta el 10%. Ante estas circunstancias, el gobierno se vio obligado a suspender la escala móvil de precios y salarios, una de las conquistas señeras de los acuerdos de Grenelle tras la huelga general de mayo de 1968.  La ola de la revolución conservadora proveniente del mundo anglosajón bajo la égida Thtacher/Reagan llegó al continente. En 1984, los comunistas salieron del gobierno y se dejaron prácticamente la mitad de su electorado (del 15% al 6,7%), iniciando su declive histórico al tiempo que se producía la pujanza del Frente Nacional.

Los gobiernos de Unión Nacional (194-1947).

El Programa Común no fue el único modelo de colaboración gubernamental de la izquierda francesa en la segunda mitad del siglo XX. Entre 1944 y 1947, los comunistas aportaron cinco ministros a los gobiernos de reconstrucción. Las contribuciones más importantes fueron seguramente las del veterano sindicalista de la CGT Ambroise Croizat, en Trabajo y Seguridad Social y las del alcalde Ivry, Georges Marrane, en Sanidad Pública y Protección Social. Los ministros comunistas impulsaron el seguro de enfermedad, el sistema de pensiones, los subsidios familiares, el reconocimiento del papel interlocutor de los comités de empresa, la cogestión sindical en los sectores productivos nacionalizados, la medicina laboral, la reglamentación de las horas extraordinarias y el estatuto de la minería. El 23 de mayo de 1946, en una rendición de cuentas de su mandato durante un mitin en el Velódromo de Invierno, el ministro para la Reconstrucción, Charles Tillon, dijo: “Hay gente que nos acusa de querer estatalizarlo todo. Es todo lo contrario: Yo quiero gestionar las empresas del Estado como empresas industriales responsables, pero reservándome la posibilidad de utilizar los beneficios obtenidos para la mejora de la situación de sus trabajadores”.

La oposición de los sectores oligárquicos perjudicados en sus intereses por el nuevo reparto de cartas fue feroz. En 1946, Tillon era consciente de estar tanteando los límites:

“Recorriendo el país para justificar la política de reconstrucción, con la ayuda de la potente CGT, vimos muy pronto que la reconversión industrial tomaba un alcance demasiado cargado de lecciones como para que los dueños de la gran industria y las altas finanzas toleraran durante mucho tiempo una experiencia tan útil para el relanzamiento de la economía. A modo de ejemplo, en los astilleros de Brest, Lorient, Cherburgo, en lugar de fabricar torpederos como antes de la guerra, se reparaban barcos carboneros, se construían mercantes, pesqueros, remolcadores para el Rhin, paquebotes. En arsenales como Rennes, trilladoras; en Rouen, Indret, Tarbes y Lyon se emprendía la fabricación de tractores y motocultivadoras; en otras numerosas fábricas estatales y en las fábricas de aviación, material agrícola, motocicletas (…) prensas, máquinas-herramientas (…) tejedoras, neumáticos (…) Industrias químicas como la de Ripault comenzaban la elaboración de penicilina, hasta entonces a precios desorbitados en Francia (…) Catorce antiguas fábricas de armamento reparaba ahora vagones de tren, fabricaban bicicletas y casas desmontables para el ministerio de la Reconstrucción, y para el de Producción Industrial, equipos eléctricos, muebles de aluminio, calculadoras y cochecitos de niño…”

En un contexto de estancamiento de la productividad y de espiral inflacionista achacada a las subidas salariales y al excesivo protagonismo otorgado a los sindicatos, la voluntad de implementar políticas restrictivas pasaba ineludiblemente por reducir el fortalecido poder sindical. La hegemonía comunista en sectores clave -el carbón, los ferrocarriles, la estiba- proporcionaba a los trabajadores una colosal capacidad de presión que era preciso doblegar.

No se puede minusvalorar el peso de factores externos en la salida de los comunistas de los gabinetes de coalición, pero fueron las contradicciones no resueltas entre ser a la vez partido de gobierno y de lucha las que, en última instancia, los hicieron saltar. Es cierto que en 1947 el PCF se encontraba cada vez más incómodo teniendo que ser gubernamentalmente solidario con la guerra de Indochina que enfrentaba al ejército colonial con sus camaradas del Vietminh. También lo es que la agudización de la tensión entre bloques iba perfilando el escenario de la guerra fría, con la hegemonización de los gobiernos a uno u otro lado del Elba –ya fuese en París, Roma o Praga- como corolario. Pero fueron las movilizaciones contra la carestía de la vida, el racionamiento y el mercado negro, lideradas por facciones a su izquierda y trabajadores desobedientes a las consignas de moderación de la CGT las que devolvieron al PCF una imagen incómoda de sí mismo. La permanencia en el gobierno defendiendo políticas que, en ocasiones, chocaban con las inquietudes de sus bases le pasó factura. Sus responsables detectaron un relativo debilitamiento en la afiliación (un 7% menos de adherentes en 1947 que en el año anterior) y la pérdida de terreno frente a los sindicatos cristianos -la CTFC-, o los disidentes confederales de Force Ouvrière. La prolongación de las estrecheces económicas de postguerra, la carestía de la vida y la persistencia del mercado negro habían potenciado el malestar entre los trabajadores, aunque sus protestas fueran frenadas hasta entonces por la CGT de Benoît Frachon bajo la consigna: “Primero, producir; después, reivindicar”.  Con una tasa de inflación del 60% anual era difícil contener la indignación.

El hecho que abrió el camino al fin de la colaboración gubernamental fue el apoyo a la huelga de la factoría Renault, un cuestionamiento en toda regla de los topes salariales que los propios comunistas y la CGT habían defendido hasta hacía poco, cuando sostenían que las huelgas estaban inducidas por los conglomerados industriales. El 25 de abril de 1947 la situación se desbordó. Convocados por grupos trotskistas y anarquistas al margen de la CGT, los obreros de la Renault de la ciudad-factoría de Billancourt se pusieron en huelga. La mecha prendió con rapidez entre los treinta mil trabajadores de la factoría, rebasando ampliamente a la dirección sindical comunista que, en un primer momento, motejó la acción como un complot de “agitadores hitlero-trotskistas a sueldo de De Gaulle”. La extensión del conflicto y la gran manifestación del 1º de mayo hicieron que la CGT reconsiderase su posición: subiéndose al tren, asumió la dirección del conflicto para controlarlo. El gobierno condenó el paro dejando en una desairada situación a los ministros del PCF. Era cuestión de tiempo que su posicionamiento público a favor de los huelguistas abriera la crisis en el gabinete. El 5 de mayo, el primer ministro socialista, Paul Ramadier, cesó a los ministros comunistas que el día anterior habían votado en la Asamblea Nacional contra la moción de confianza presentada por el gobierno para imponer la contención salarial en Renault.

Las “huelgas Molotov” (1947-1948).

Desligado de compromisos gubernamentales, el PCF pudo alinearse con las protestas de una población hastiada del bloqueo de los salarios y el encarecimiento de la vida. La precariedad proporcionó el pretexto para la estrategia de huelgas rotatorias o “huelgas pedagógicas” con la que el PCF pretendió demostrar a sus antiguos socios que su presencia en el gobierno era indispensable. El otoño de 1947 fue testigo de la escalada de conflictos laborales. Estibadores de Marsella, ferroviarios, mineros del Pas de Calais, metalúrgicos y empleados de banca de la región de París, transportistas de Lyon o trabajadores de los astilleros de Saint-Nazare se movilizaron en masa. Para los conservadores, había una mano negra -o mejor, roja- que buscaba el bloqueo de la entrada de la ayuda del Plan Marshall. Un consenso transversal explicaba la amplitud de unas movilizaciones que mezclaban un proteccionismo de la producción y el trabajo franceses frente a la competencia de la producción en masa del gigante yanqui y la reivindicación de incrementos salariales del 25% “contra la política de hambre del partido americano”.

La alarma suscitada por un movimiento de tan amplias dimensiones llevó a los conservadores a calificar las movilizaciones como “huelgas-Molotov” y al proceso de fondo, “insurrección en frío”. Establecido el marco interpretativo, la lucha se libró a cara de perro. Los huelguistas, dos millones y medio en el momento cumbre, el 3 de diciembre, ocasionaron la pérdida de casi dieciocho millones de jornadas de trabajo. El estado respondió con 1.375 detenidos y hubo despidos masivos en los servicios públicos de correos, ferrocarriles y en las empresas del carbón nacionalizadas.

El 11 de diciembre, el PCF transmitió a la CGT la consigna de volver al trabajo. Al año siguiente tuvo lugar la última gran convulsión que afectó a la minería del carbón, cuya desposesión de poder sindical se hizo al precio de recurrir a un despliegue policial y militar en las cuencas superior en magnitud a lo que había sido la ocupación alemana, lo que dio lugar al nacimiento de la consigna “CRS=SS”. Después de aquel ciclo de movilización, el PCF quedó encastillado en posiciones de bloqueo de las que tardaría tres décadas en salir.

En definitiva, lo que enseñan las experiencias gubernamentales de coalición entre los socialistas y las fuerzas situadas a su izquierda es que aquellos son el elemento pivote y estas el socio contingente. Es mejor ser consciente de ello de antemano. Pero cuando el fascismo acecha, no hay duda en la elección entre manos sucias y manos cortadas. Lo importante es no sublimar una situación cuyo horizonte tendrá fecha de caducidad; saber combinar el ejercicio de la responsabilidad para mejorar sustancialmente la vida del común de la gente con la defensa del gobierno del que se va a formar parte –que habrá que hacer, con toda seguridad, frente al embate de los guerreros culturales que no dudarán en inflamar las calles- y la crítica para espolear a unos socios con cierta querencia a mirar a su derecha so pretexto de la búsqueda de acuerdos de estado.  No será fácil mantener un equilibrio con exigencias tan heterogéneas ni es posible saber por cuánto tiempo . Pero habrá que hacerlo y, mientras tanto, aprovechar para ganar terreno en la generación de una contracultura política capaz de recrear ámbitos propios de gestión y resistencia en lo social, en lo político y en lo cultural. Porque lo más difícil, para una fuerza radicalmente transformadora, no es entrar en un gobierno de coalición: lo complicado es saber salir y preparar un espacio en el que fortificarse sin dejar tras de sí un solar yermo para dos generaciones.  

Saber salir. Enseñanzas históricas sobre los gobiernos de coalición de la izquierda. / Fernando Hernández Sánchez