Sobre el Job Act italiano: un texto de Umberto Romagnoli. Según Antonio Baylos…

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“Mientras en España las noticias se centran sobre el problema del gobierno, despreciando los avisos que los sindicatos están dando sobre la terrible situación económica y social existente y la necesidad de un cambio en profundidad, ante todo revirtiendo las reformas laborales de 2012 y 2010, en Italia se está produciendo un avance en las movilizaciones importante, con manifestaciones, una huelga general nacional de los metalúrgicos, la petición de un referéndum para la aprobación de una carta de derechos universales de los trabajadores y reformas decisivas del bloque de constitucionalidad. Nada de eso se transmite por los medios de comunicación, felizmente instalados en la desinformación selectiva. Por eso se trae ahora al blog en primicia un texto de Umberto Romagnoli que analiza en términos contundentes el sentido de la medida estelar de la reforma Renzi y la ley (en inglés) Job Act, para asociar a su contenido un impulso modernizador. El texto se ha publicado en Eguaglianza & Libertà , revista dirigida por Antonio Lettieri, y la traducción – con ligeras correcciones para asimilarla al castellano peninsular – es obra de la profesora chilena y amiga de la blogosfera de Parapanda, Daniela Marzi. 

 
Umberto Romagnoli
Jobs Act, una proeza de Spin Doctor[1]
 
La de la Jobs Act es una historia de engaños, astucia pícara y apariencias falsas. Tiene para todos los gustos. Va desde el uso (sin precedentes) de anglicismos con un fuerte impacto mediático, pero de incierto significado en nuestra lengua-madre, al uso descuidado de palabras que propagan la figura de un contrato de trabajo promocionado como innovador, cuando éste lleva en sus espaldas una experiencia secular. Va desde el respeto solamente formal de los procedimientos parlamentarios –porque la ley de delegación no contiene ni los principios ni los criterios directivos que la Constitución exige con el fin de limitar la discrecionalidad de lo decretado vía delegación, la que deja intencionalmente en blanco el objeto que la constitución quiere predefinido, y ha sido aprobada recurriendo al voto de confianza para impedir el examen de las enmiendas y amordazar a los disidentes internos de la propia mayoría gubernamental–  a la ruptura de la consolidada regla no escrita que hace preceder a la intervención legislativa a consultas  sobre su contenido con los sindicatos. Va desde la valorización del poder empresarial a través de la sustancial recuperación de la libertad de despedir, a la marginación de la tutela jurisdiccional de los derechos, en la ejecución de un proyecto político cuya hipótesis es el intercambio entre la mayor flexibilidad en ventaja de la empresa hoy, y la mayor seguridad en el mercado en ventaja del trabajador, mañana. Un intercambio que, si bien está alentado por la governance europea, en un país como el nuestro en el que las políticas activas del trabajo son todavía el abc, es más virtual que virtuoso.
En síntesis, la delegación no era sólo sustancialmente una norma en blanco para permitir al gobierno meter sus manos sobre todo el Derecho del trabajo, sino que además ha terminado por asumir las características de una auto-celebración de la corriente de pensamiento que reduce la política a mera comunicación.
Cándido como una paloma y astuto como una serpiente, el legislador delegado ha calificado como de “tutelas crecientes” un contrato de trabajo a tiempo indefinido, en el que la única forma de tutela que puede crecer (con el ritmo de 2 anuales, pero hasta un máximo de 24 mensualidades) es la indemnización a pagar en caso de despido injustificado. Así, con un solo golpe se han logrado muchos resultados de los cuales no se tardará en descubrir la contradicción. Este contrato, de hecho, si por un lado parece prometer un futuro socialmente deseable en razón de la indeterminación de su duración -que abre una rendija a la esperanza en la “des” precarización del mercado de trabajo- por otro lado, es enemigo de toda expectativa de estabilidad a causa de la reconstitución de las condiciones del poder de mando que, por tradición, han estado simbolizadas en la licencia para despedir. En realidad, es un contrato socialmente peligroso porque está asociado a una tutela contra el despido ilegítimo dominada no tanto por la preocupación de anular el ilícito y sus consecuencias sino, por el contrario, por la de garantizar al empleador la irreversibilidad de sus decisiones, por más ilegales que puedan resultar en el juicio por despido. Y ello porque ni siquiera la pérdida de un puesto de trabajo sin algún motivo justificado es percibida por el gobierno como un drama para quien lo soporta. Haciendo suya la óptica de la empresa, el gobierno valora el despido ilegítimo en la medida de un costo del que es bueno conocer con anticipación el importe, predeterminado en los límites más contenidos posibles. Flexible y blanda, dada la cantidad medianamente modesta de la indemnización debida, es una tutela que permite a este contrato ser competitivo en términos de costos directos e indirectos con el contrato a tiempo indefinido, ahora ya completamente liberalizado, precisamente facilitando la cesación de la relación de trabajo a iniciativa del empleador. A fin de cuentas, la tutela es cualitativamente idéntica a la prevista en la época anterior al Estatuto de los Trabajadores. La readmisión al puesto de trabajo, de hecho, será para los neo-contratados, una sanción completamente excepcional: una remota eventualidad. En otras palabras: no estamos en presencia de la muerte prematura del derecho del trabajo, pero es innegable que lo han hecho volver a la adolescencia…”
Texto completo  http://baylos.blogspot.com.es/2016/04/sobre-el-job-act-italiano-un-texto-de.html