Sobre el libro “Revolución urbana y derechos ciudadanos” de Jordi Borja, publicado por Alianza Editorial

  revolucion urbana

La página paisaje transversal ha difundido, a finales del pasado enero, el video del acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid sobre el libro de Jordi Borja. Intervinieron en él Joaquín Estefanía, Eduardo Mangada y el propio autor, moderó Teresa Arenillas.

   Puede verse en http://www.paisajetransversal.org/2014/01/debatesurbanos-revolucion-urbana-y.html

 

   La marea publicó en aquellas mismas fechas una entrevista con Jordi Borja bajo el título Una persona sin ingresos no puede ejercer su ciudadanía: “    MADRID// El pasado 22 de enero, Jordi Borja (Barcelona, 1941) acudió al Círculo de Bellas Artes, invitado por el Club de Debates Urbanos, para presentar su nuevo libro: Revolución urbana y derechos ciudadanos (Alianza Editoria, 2013). Una obra mediante la cual el autor, co-director del Programa de Postgrado de Gestión de la ciudad en la Univesitat Oberta de Catalunya y presidente del Observatori DESC, pretende que los lectores reflexionen sobre cómo las pautas de urbanización predominantes despojan a los ciudadanos de un espacio público democrático, igualitario y solidario.

Entre 1983 y 1995, Borja ocupó ocupó diferentes cargos en el Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo relacionados con participación, urbanismo y relaciones internacionales y cooperación. Una experiencia que enriquece más si cabe el contenido de esta nueva obra, donde también se abordan cuestiones como el concepto de ciudad como el espacio de todos o el del derecho a la ciudad, entre cuyos significados está el de unificar estrategias y acciones de resistencia contra la tendencia urbanística actual.

En su libro habla de que los proyectos urbanísticos tienden cada vez más a fragmentar ciudades, lo que impide que los ciudadanos dispongan de un espacio público en el que exista la participación política. ¿Esto es algo pensado o improvisado?

Uno piensa que son los gobiernos, nacionales o locales los que deciden qué quieren sobre el territorio, o que los arquitectos y urbanistas definen esos planes y que los juristas establecen las normativas, etc. En realidad somos bastante optimistas sobre la posibilidad de que los políticos decidan por sí mismos. Lo que hay son complicidades de los gobiernos nacionales que facilitan, a través de convenios o de créditos, ciertos planes si el suelo es de su propiedad; gobiernos locales que ven bien que se haga cualquier cosa porque así pueden cobrar impuestos, como el IBI, o tasas. Y aunque los técnicos, los planificadores, dicen que hacen lo que ellos creen que es necesario, en la práctica se adaptan a lo que les pide el poder político, o el poder económico cuando trabajan para empresas privadas.

¿Y cuál es el resultado de estas complicidades?

Pues que se han ido forjando procesos de urbanización que ya no son de desarrollo de las ciudades sino de urbanizar algo que ni es ni genera ciudad. Crean complejos que están en tierra de nadie, desarticulados, y se generan formas de segregación muy dura, como son los barrios cerrados, a veces dentro del tejido urbano y a veces fuera. Y con ello se pierde la ciudadanía, la mezcla, la manera de obtener todos los bienes y servicios que ofrece la ciudad. La ciudadanía es un ámbito donde uno puede ejercer sus derechos y donde las personas, en teoría, son iguales; donde se reciben un conjunto de bienes y servicios y se generan lazos de cohesión social.

Esto tiene, además, otra cara, y es que a medida que se crean urbanizaciones sin ciudad, el núcleo de la ciudad tiende a convertirse en una sede administrativa, turística o de oficinas, a servir de residencia para los sectores privilegiados o a dejar zonas abandonadas. Es decir, no solamente se crean zonas ciudadanas pobres en las periferias, sino que se empobrece la calidad de la ciudad existente.

¿Barcelona es una ciudad pensada para los ciudadanos o está diseñada a pesar de ellos?..”

Texto completo en http://www.lamarea.com/2014/01/23/jordi-borja/

 

   Por último, la revista sin permiso publica en su última entrega el artículo La calle y su propiedad, también de Jordi Borja: “¿De quién es la calle? ¿Quién hace la calle, quién la usa, para qué sirve? Un ministro del Interior español ante la convocatoria de manifestaciones aulló “la calle es mía”[1] y reprimió violentamente a una concentración pacífica. La respuesta fue que al domingo siguiente la ciudadanía de las principales ciudades españolas ocupó las calles para afirmar que la “calle es nuestra, es de todos”[2].

¿Qué es un puente?,  se preguntaba Julio Cortázar?[3] Una persona caminando por un puente. La calle solo realiza su “ser calle” en la medida que es usada por la gente. La calle es a la vez  una realidad concreta y una metáfora de la ciudad. La ciudad concebida como espacio público, ámbito de la ciudadanía, donde ésta se expresa como colectividad humana. La ciudad es “la gente en la calle”.

El poder político, sea cual sea, teme a la gente en la calle. Su vocación es el “control”. En unos casos de una manera explícita, amenazadora, violenta.[4] En otros casos de forma indirecta priorizando la circulación, el diseño de espacios públicos que no permitieran las concentraciones —mediante zonas ajardinadas, por ejemplo—, permisividad ante la privatización de las calles por parte de los propietarios u ocupantes de los inmuebles adyacentes, supresión de elementos de mobiliario urbano que permiten la convivencia y el diálogo entre personas (por ejemplo, los bancos), etc. Lo cual se completa con normativas de carácter represivo en aquéllas zonas más sensibles para el poder político. La gente en la calle es un potencial contrapoder. El Zócalo de Ciudad de México, la plaza emblemática que simboliza el alzamiento por la independencia, fue hasta los años 90 el espacio del poder establecido en el que estaban prohibidas las concentraciones ciudadanas. El diseño urbano en muchos casos tiene en cuenta esta voluntad represiva sobre la ciudadanía. Un caso muy evidente es el plan de Haussmann para el París  de la segunda mitad del siglo XIX: las grandes avenidas facilitaban el uso de los carros militares y hacían poco eficaces las barricadas.

El espacio público es objeto de interés por parte de los intereses económicos. No nos referimos ahora al uso de la calle para actividades privadas lucrativas: terrazas, ambulantaje,  publicidad,  etc. Se trata de usos que si son limitados pueden ser compatibles con los diversas formas de utilizar el espacio público. Nos referimos al interés de los inversores y especuladores urbanos que pretenden apropiarse de espacios de vocación pública para aumentar un suelo valorizado, lo supresión de aquello que consideran desvalorización del entorno (como la presencia de población de ingresos bajos o de colectivos sociales que no complacen a los sectores altos) o la privatización de facto de espacios públicos reservados a los propietarios del entorno construido. Uno de los argumentos que “legitiman” estas operaciones es la “ideología del miedo”, la obsesión securitaria, que justifica eliminar la presencia pública de las “clases peligrosas”, como los jóvenes, los inmigrantes o los pobres.[5]…”

Texto completo en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6664