«Sobre los Ere. Nunca más». Francisco Flores Tristán. en campo abierto

Por  Francisco FLORES TRISTÁN

A finales de los 90 la situación social y económica en Andalucía era explosiva.  Numerosas empresas estaban en quiebra o en peligro de quiebra, Astilleros, Santana, Delphi… La consecuencia lógica eran las numerosas movilizaciones de los trabajadores, manifestaciones, cortes de carreteras, marchas a San Telmo…un polvorín social en definitiva por la desesperación de los trabajadores afectados y las dificultades de los Gobiernos central y autonómico para afrontar la situación. Es en esos momentos cuando se genera el problema de los EREs cuya reciente sentencia ha vuelto a poner de notoria actualidad.

En aquellas fechas el Gobierno socialista en la Junta de Andalucía decidió priorizar la paz social aportando fondos que paliaran la grave situación de desempleo a que la crisis abocaba a muchos trabajadores. Pero el procedimiento legal para el despliegue de estas ayudas es a menudo lento, lastrado por la burocracia. Esto no es nuevo ni insólito. Todos hemos comprobado alguna vez los problemas derivados del funcionamiento de la burocracia en España. Pienso por ejemplo en la lentitud con que se conceden las becas a estudiantes desfavorecidos; algunos solo las cobran cuando el curso ha terminado o está a punto de terminar. Antiguamente ocurría con las pensiones que solo se empezaban a cobrar meses después de haberse uno jubilado; afortunadamente este asunto está hoy resuelto. La excesiva burocracia a veces, la falta de medios en la Intervención del Estado u otros factores, hacían muy lenta la concesión de ayudas. Y las protestas lógicamente arreciaban. La Junta de Andalucía decidió entonces “tomar un atajo”: proveer un fondo para agilizar las ayudas. Este fondo se nutría de “transferencias de financiación” al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). A su vez el IFA iba transfiriendo cantidades de ese fondo a quien decidía la Consejería de Empleo. Entre 2000 y 2009 se transfirieron, según la sentencia, un total de 680 millones de euros en estas ayudas. El problema es que  estas ayudas carecían de los controles y protocolos que evitaran la arbitrariedad, el mal uso y la corrupción que suelen acompañar el manejo de grandes cantidades de dinero. La Intervención podía actuar pero a posteriori. Se priorizó la rapidez sobre la “seguridad”, sobre el “control”. En la práctica estos fondos dependían de la voluntad de la Consejería de Empleo, y más en concreto, de la Dirección General de Trabajo, que decidía a quien debían asignarse esas ayudas. Debido a esta falta de control y al procedimiento irregular, la sentencia declara ilegales estas ayudas.

La mayor parte de estas ayudas fueron efectivamente a trabajadores en paro o prejubilados afectados por los ERE de sus respectivas empresas (Astilleros, Santana, Delphi…) pero la falta de controles facilitó que una parte del dinero fuera a manos indebidas, “intrusos” en los ERE. No es difícil imaginar el mecanismo mental que lleva a quien concede la ayuda a caer en la corrupción: “Caramba, estoy dando dinero a diestro y siniestro sin que nadie me pida cuentas… Y si coloco en un ERE a mi suegra, la pobre, que no tiene paguita? Quien se va a enterar?… Y después de la suegra vienen los amigos, familiares, vecinos de mi pueblo, aquel a quien debo un favor…, incluso mi chófer, que se lo gasta en drogas y burdeles!  Es la perfecta reproducción del mecanismo caciquil de gran tradición en la España rural, especialmente en el Sur. El cacique decimonónico era a menudo un personaje querido y admirado en su población. De la misma manera podemos imaginar a alguno de estos nuevos caciques socialistas, admirado en su pueblo por unos vecinos agradecidos por el maná que viene de la Consejería de Empleo. Es cierto que no se utilizó ese dinero (al menos no está acreditado) ni para financiar el Partido ni para lucrar a los altos dirigentes del mismo, en especial Chaves y Griñán, pero no es menos cierto que dirigentes intermedios, de los que el ejemplo principal es el famoso Director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, utilizaron parte de estos fondos para regar de dinero a sus redes clientelares compuesta por familiares y amigos introduciendo en los EREs a personas que no tenían la menor relación con la empresa afectada o bien subvencionando empresas ficticias creadas ad hoc para recibir dichas subvenciones. ¿Qué cantidad del total de 680 millones fueron a parar indebidamente a personas no afectadas por los expedientes de regulación de empleo de sus respectivas empresas? Los medios de comunicación (en concreto eldiario.es de donde saco los datos) hablan de 12 millones percibidos por “intrusos” en los ERE, a lo que habría que añadir gran parte de los 66 millones percibidos por las aseguradoras, que cobraron cantidades superiores a las establecidas por el mercado y una parte de los 73,8 millones destinados a empresas en crisis. Esto se tendrá que dilucidar y juzgar en las alrededor de 140 piezas separadas de la pieza principal, la parte política, que es a la que corresponde la sentencia conocida el pasado martes, 19 de noviembre.

Por tanto, la pieza principal no entra en el detalle del desvío concreto de fondos a intrusos, subvenciones indebidas, etc. Pero sí considera ilegal el fondo completo de 680 millones, aunque gran parte de los mismos hayan ido a parar realmente a parados necesitados de esa ayuda. Y lo considera ilegal por el procedimiento utilizado y la falta absoluta de controles. De ahí las condenas por prevaricación a Chaves y por prevaricación y malversación a Griñán. No soy jurista y por tanto no voy a discutir la sentencia desde el punto de vista jurídico. Otros con más autoridad que yo, Javier Pérez Royo, Plácido Fernández-Viagas, ya lo han hecho. En cualquier caso la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Pero como ciudadano sí me permito opinar que me parecen excesivas las condenas, especialmente la de José Antonio Griñán, sobre todo si las comparamos con otros casos, Valencia, Madrid, Cataluña… donde otros dirigentes políticos no han merecido de momento sanción tan dura. Es fácil a posteriori decir que estos dirigentes hicieron muy mal al diseñar un sistema que, por la falta de controles, posibilitaba e incluso podía propiciar un fraude masivo. Pero si nos trasladamos a la situación de hace 20 años me da la impresión que muchos de los que ahora claman contra la irregularidad de este procedimiento habrían exigido soluciones inmediatas para atajar el problema. Creo que, a la vista de lo sucedido, estos dirigentes se habrán probablemente arrepentido de haber optado por esta solución. El mismo José Antonio Griñán lo ha reconocido implícitamente cuando admitió “no hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude”. Sea como fuere, si alguna enseñanza ha de sacar la Izquierda en general, y el PSOE en particular, de lo que ha sucedido es: “No más atajos, nunca más una solución fácil que pueda propiciar el fraude”. Habrá que simplificar la burocracia, reforzar la Intervención del Estado, tecnificar la Administración… pero las soluciones que se adopten tienen que pasar “la prueba del algodón”.

La otra enseñanza que podemos sacar no solo de la sentencia de los ERE sino de todos los casos de corrupción que nos han salpicado en los últimos tiempos es que hoy que tanto se habla de blindajes, los partidos, en especial los de Izquierda, y la sociedad en su conjunto tienen que priorizar los comportamientos éticos en sus objeticos, tienen que “blindarse éticamente”.  Y no puede valer el “pero a los míos los defiendo” peculiar puesta al día del rancio lema de “con razón o sin razón, a mí la Legión”.

Discrepo de quien atribuye estos comportamientos al “bipartidismo”. Fuera del PP y del PSOE también hay corrupción aunque la haya en menor medida puesto que han tocado menos poder. No hay que ir muy lejos de Sevilla para encontrar Alcaldes de organizaciones ajenas al bipartidismo, condenados por cohecho y prevaricación. Creo más bien que, aparte de que en cualquier país (incluso en Democracias consolidadas como EEUU como lo estamos viendo recientemente) puede haberla, en España la corrupción ha formado parte de nuestro ADN, como herencia del Estado caciquil decimonónico. En España, especialmente en las zonas rurales aunque no solo, se ha considerado normal durante mucho tiempo la concesión de favores, enchufes y prebendas  a sus allegados por parte de los políticos que ocupan el poder… Pues mucho me temo que todavía hay mucha gente que sigue pensando así. Me da la impresión que hay una cierta hipocresía social. Me recuerda aquella escena de “Casablanca” en la que el capitán Reynaud, tras embolsarse lo que había ganado en la ruleta, decide cerrar el Café de Rick exclamando “Qué escándalo, aquí se juega”. Aunque se ha avanzado mucho, todavía hay gente que considera timbre de honor engañar a Hacienda. Hay gente que vocifera contra los “políticos ladrones” pero considera normal no pagar el IVA y no retira la mano si la cae alguna migaja del poder. Criticar a quien no se conoce, a quien uno no se cruza todos los días es fácil. Pero he comprobado que incluso si se trata de políticos, cuando son más cercanos, por ejemplo a nivel local, hay mayor indulgencia con la corrupción. Tendríamos que hacer un gran esfuerzo a nivel político y a nivel social para erradicar esos comportamientos, empezando por privarles de prestigio social. Ese sería un excelente objetivo de la materia de “Educación para la ciudadanía”. No creo que haya soluciones milagrosas pero la sentencia y el conocimiento de los casos de corrupción deben servir para extender la idea que sirvió de lema cuando el chapapote ensució las playas gallegas: “Nunca más”.

Sobre los Ere. Nunca más