«Un libro revela la implicación del ‘Abc’ de Sevilla en el golpe del 23-F» de Mario Escribano, en infoLibre

prensa que se vendió

«Estamos en un periodo de recopilación histórica, de cambio de ciclo, de revisión de la Constitución, y al periodismo le tiene que llegar también su hora«. Este es el motivo por el que periodista Luis Santos Serra ha decidido escribir un libro en el que se relatan las tramas que relacionan a los periódicos con el poder político y económica a lo largo de las últimas décadas. Aunque aún no se sabe cuál será la fecha de publicación, Santos revela las enormes dificultades y presiones a las que ha tenido que hacer frente para conseguir que le publiquen La prensa que se vendió. Por eso prefiere, por ahora, no dar el nombre de la editorial que lo va a sacar a la luz.

La prensa que se vendió está basada, principalmente, en lo que él llama el archivo Aguirre, un conjunto de documentos donde se muestran las comunicaciones que Ignacio Aguirre –secretario de Estado para la Información entre 1981 y 1982 y tío de la presidenta del PP madrileño y candidata a la Alcaldía de la capital– mantuvo durante su mandato con directivos de medios de comunicación, empresarios y el propio Gobierno. Aunque se centra en él, también habla de los secretarios de Estado que ocuparon el cargo entre 1977 y 1982. A esta información de primera mano se le añaden testimonios de los protagonistas de la época, recogidos a través de entrevistas con el autor. Esperanza Aguirre, que en principio accedió a colaborar, finalmente optó por declinar su participación en el proyecto.

«No es el típico archivo de material administrativo, yo digo que es un archivo de maldades, porque refleja todo el tráfico que hay con los medios de comunicación, con los directores de los periódicos», cuenta Luis Santos a infoLibre, que subraya que se trata de una etapa clave, ya que es «un periodo en el que se están conformando, no solo la democracia, sino los medios de comunicación que a su vez contribuían a generar la opinión pública». Además, apunta, «es un archivo inusual, porque son cartas coloquiales, muy directas». «Es un tipo de archivo que se tendría que haber quemado«, bromea.

«El Gobierno tenía una llave enorme»

El autor distingue el contenido del archivo Aguirre en dos grupos. Por un lado, las cartas de directores de periódicos a esta Secretaría de Estado (y viceversa). Y, por otro, las notas que dirige Aguirre al presidente del Gobierno, donde le resume todo». En estas comunicaciones, señala, «participan los primeros espadas», como los editores Luca de Tena (Abc) o el conde de Godó (La Vanguardia).

Preguntado por el amplio periodo de tiempo que ha esperado desde que pasó todo aquello hasta que sale a la luz, el autor de La prensa que se vendió admite que tiene esta documentación desde hace 30 años, pero que, entre otros motivos, el terrorismo de ETA –en el libro se relatan operaciones dirigidas a lograr el cierre de Egin, el diario de la izquierda abertzale– hizo que prefiriera esperar para sacarlo a la luz: «Me daba miedo provocar un atentado».

El periodo tratado se enmarca en una coyuntura en la que «se está reconvirtiendo toda la prensa, que tenía una maquinaria muy obsoleta». «Necesitaban grandes inversiones y el Gobierno tenía una llave enorme para manejar eso«, explica Santos, que apunta que «describe lo que era la época, cómo acomodan los medios, sobre todo Abc, su línea editorial al poder porque se lo dicen por carta». Así, destaca que «hay mucho tarjetón, donde meten la carta de trámite y en el tarjetón la barbaridad».

«En ese acomodo hay momentos que a mí me sacan los colores como periodista. Desde Abc le mandan al secretario de Estado un texto diciendo: ‘Mira, la crónica que retiro’. Eso es muy fuerte. Le manda la crónica, firmada por el autor [José María Carrascal], al Gobierno», lamenta el autor, que subraya que es «una prostitución total». «No es por manía, pero Abc incurre en todos los capítulos como para sacarles de la profesión: golpe de Estado [23-F], falta a la ética periodística, envío de crónicas desde la edición de Sevilla a Luca de Tena y, de ahí, al Gobierno en un informe diciendo ‘No sólo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer, lo que dejamos que muera en nuestra mesa’. Es un procedimiento bochornoso», critica Santos, que establece una relación entre cómo se doma la línea y, a la vez, cómo se comienzan a solventar los problemas económicos que tenía el diario, especialmente con la banca.

La reacción de Abc de Sevilla el 23-F

«De la trama civil del 23-F no se investigó nada, excepto a [Juan] García Carrés [dirigente del Sindicato Vertical]», recuerda Santos, que subraya que «en la prensa, hubo de todo». «En concreto, en el caso de Abc, el ministro de Hacienda les tilda de ‘fascistas’ y asegura que se han puesto a las órdenes del Gobierno militar, en vez del gobernador civil, en la noche del golpe», cuenta el autor de este libro, que añade que se llegó a hacer un informe por parte de la Secretaría de Estado para la Información en el que se detallan «todos los movimientos que ha habido del Abc de Sevilla, llamando previamente al golpe y, posteriormente, llamando a la desmovilización de las manifestaciones democráticas de condena».

Así, apunta que los datos que puede aportar, «que hasta ahora no habían salido, son los del Abc de Sevilla; del resto, como los de El Alcázar [diario próximo a los golpistas] se habló, pero no se probó nada. No había documentos que vinculasen [la trama militar a los diarios] directamente, como ocurre con Abc«.

Otro de los aspectos más reveladores de estos documentos es que el director del Abc de Sevilla, Nicolás Salas, «acuarteló a la redacción diciendo ‘Aquí no sale nadie'» y, después, se fue a ponerse a las órdenes del gobernador militar». Además, editoriales del mismo diario hablaban de «la mala hierba que hay que cortar» o «llamaban a la represión», textos que también son incluidos en estos informes de la Secretaría de Estado.

En estos documentos se hace constancia del sesgo diferente de las ediciones de Madrid y Sevilla del diario Abc, informando a Aguirre que el de la capital de España «no hace nada, se queda callado», enfatiza Santos. Estos documentos señalan que, en 1982, Aguirre señala en un informe que «hay que apoyar a Abc en detrimento de la prensa progresista». «Ellos mismos tenían constancia del apoyo al golpe desde Abc de Sevilla y, a su vez, le daban una opción preferencial antes de que ganara la izquierda», critica Santos.

«Esto ya habría prescrito, pero estos documentos, que inculpan directamente, tendrían que ser explicados por el Abc de Sevilla y el Abc globalmente. Ese director, Nicolás Salas, que sigue dando conferencias, no fue destituido», lamenta.

El autor reflexiona además sobre el papel que ciertos periódicos tienen a día de hoy: «Hay medios que tienen a todos sus redactores jefe o directores paseando por las tertulias y marcando la línea moral democrática. En otro orden, podría estar de acuerdo o no, pero que marquen ellos los límites del buen hacer democrático, cuando tienen, siendo leves con ellos, malas prácticas». «Esta gente es la que dice ahora lo que es bueno para la democracia, los que han hecho todo este tipo de cosas: trato de favor, tráfico de influencias, comportamientos poco éticos, apoyo al golpe de Estado… Además, están orgullosos de todo ese pasado: los que no lucharon, son los defensores de aquello«, lamenta.

Sobre la falta de exigencia de responsabilidades, Santos cree que «ahí se puso un listón e, igual que no se juzgó a muchos guardias y oficiales, no se quiso ir más allá, no se quiso investigar. Se intentó hacer parecer que no había pasado nada». «La respuesta del Gobierno fue nula, cuando tenían que haber exigido responsabilidades a Luca de Tena. Pero tenían miedo a la llegada de los socialistas, que luego sabemos todo lo que llegó, pero era como ahora Podemos o Ciudadanos, parecía muy inminente», explica.

Persecución de periodistas de izquierdas

El periodista apunta que «se produjo una involución democrática dentro del propio régimen: hay una persecución de periodistas de izquierda en los periódicos y, además, protección de los que habían sido golpistas». Así, señala algunos ejemplos: Aguirre dice en un documento que el 80% de los redactores de Pueblo son «socialistas y comunistas»; «se impide que reaparezca Diario Madrid por una indemnización insuficiente» o que «el Gobierno coge al Abc y lo toman como suyo».

«Sobre todo, había persecución de periodistas», apunta, señalando que llegó a haber «listas negras» en Informaciones, ya que muchos periodistas pasaron de este periódico al recién nacido El País, como Juan Luis Cebrián. «No dicen que este no me va a tratar bien la información, como se podría decir ahora, es que etiquetaban: ‘Este es del PCE, sector eurocomunista…’. Es una terminología del régimen franquista: anticomunista, antisocialista, antidemocrática», explica Santos, que detalla que «más que impedir que apareciesen nuevos medios, que también, trataron de ‘limpiar’ las redacciones y hacer que se hundieran medios con trasfondo progresista».

Otro de los aspectos que explican esta relación entre Gobierno y prensa es el de las grandes inversiones que se necesitaban para sacar un periódico adelante. «Se intentaba aupar al diario del Abc. De hecho, hay un documento que dice cómo hay que apoyar a Abc en 1982. Es la forma de impedir que gane el PSOE», cuenta Santos, detallando que en los documentos «se dice que hay que sanearlo económicamente. No tengo los documentos en los que se dice que se sanea, pero sí todas las peticiones económicas, diciendo lo que hay que hacer con los bancos. De repente, aparece [Luis María] Anson en 1982 liderando el Abc ‘supersaneado'».

También es llamativo el episodio en el que el secretario de Estado pide 25 millones de pesetas al Gobierno para una subvención a Godó. Santos cuenta que estas cartas son especialmente «crudas» y en ellas se relata «cómo dar esta ayuda, la necesidad de redactar una norma pero sin que se enteren el resto de periódicos». Asimismo, explica que Aurelio Delgado, jefe de gabinete de Adolfo Suárez, se justificó cuando le preguntó diciendo:  «Es que había que montar el país, había que hacer así las cosas». «Los medios fueron una parte más, pero son más importantes porque generan opinión», añade Santos.

Pese a una larga labor de investigación, Luis Santos asegura que, aunque da algunas cifras, no ha podido cuantificar el total de ayudas y subvenciones que se dieron a la prensa en estos años.

Operaciones para intentar cerrar ‘Egin’

Según los documentos del archivo Aguirre, Marcelino Oreja, delegado de Gobierno en Euskadi (1979-1982), escribió una carta a Aguirre diciendo que se había reunido con los directores de todos los periódicos para analizar el caso del periódico Egin. El resultado de la reunión, comenta Santos, es “un acuerdo por el que deciden que no conviene cerrarlo políticamente, sino asfixiarlo económicamente”.

Egin no pagaba nada, pero nada. Ni a la agencia Efe, ni los créditos de los bancos Bilbao y Vizcaya [que después formarían el BBV]… y el Gobierno empezó a reclamar deudas: bancos, trabajadores, Seguridad Social, Efe, papel….”, recuerda Santos, que señala que, aunque la ley permitía cerrar el diario vasco, el Gobierno temía que “los abertzales se movilizaran y que, por tanto, el resto de los periódicos tuvieran que salir en apoyo a Egin”. Finalmente, Aguirre decidió no hacer nada.

En otra carta, Sabino Fernández Campo, secretario general y luego jefe de la Casa del Rey, escribe a Aguirre –de parte del jefe del Estado– preguntando que “si no se puede hacer más con Egin e, incluso, le dice que cómo puede llevar publicidad del Estado”, apunta el periodista. En esta ocasión, las peticiones tuvieron el mismo resultado.

Finalmente, Egin no fue cerrado hasta 1998, y ocurrió por orden del entonces juez Baltasar Garzón, que lo acusó de delito de colaboración con ETA, un delito que sería rebajado más tarde por la Audiencia Nacional. Posteriormente, el Tribunal Supremo dejó sin efecto estas imputaciones, pero el diario nunca volvió a a las rotativas.

«Aunque haya pasado mucho tiempo, la memoria histórica es importante y esto tiene que quedar claro, pero no está en la agenda», señala Santos, que subraya que «ese fue el sistema que diseñaron, y no democráticamente, pese a que den lecciones». «Nos merecemos una explicación democrática de qué pasó en todos los aspectos. No es algo que de comer, pero tenemos que saberlo por calidad democrática», enfatiza el periodista.