«¿Y si también facilitamos la nacionalidad española a saharauis y guineanos?» de Alicia Campos Serrano

saharauis y guineanos

«¿Y si también facilitamos la nacionalidad española a saharauis y guineanos?

Alicia Campos Serrano

10 de marzo de 2014

El pasado 7 de febrero, el Consejo de Ministros propuso una reforma del Código Civil y un procedimiento para facilitar la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los sefardíes, sin necesidad de residir en España ni de perder su actual nacionalidad. Para que entre en vigor, dicha reforma deberá ser aprobada por el Parlamento, y se estima que podría afectar a 3,5 millones de personas.

 Late en la norma un intento de reparación de lo que se considera una injusticia histórica (la conversión forzosa o expulsión de los judíos en 1492), y se fundamenta en los especiales vínculos de la comunidad sefardí con España, a través de los rasgos lingüísticos y culturales distintivos que han mantenido a lo largo del tiempo.

 No han faltado ya voces que solicitan la ampliación de dicho derecho a los descendientes de los moriscos expulsados un siglo más tarde de la Monarquía Hispánica, y que, como antes los judíos, fueron acogidos en su mayoría por el Sultanato de Marruecos. Y se podría pensar en otros grupos cuya vinculación histórica con la actual España justificaría una petición similar.

 En este sentido, lo que nosotros proponemos aquí es que se considere la pertinencia de ampliar el mismo derecho de los sefardíes a unas poblaciones cuya vinculación con España es mucho más reciente, y cuyo número no llega al millón de personas. Nos referimos a los habitantes del antiguo Sáhara Español y sus descendientes (hoy repartidos entre el Sáhara Occidental controlado por Marruecos y los campamentos de refugiados de Tindouf en Argelia, administrados por el polisario), y los de la Guinea Española (hoy Guinea Ecuatorial, gobernado por el clan Nguema).

 Se da la circunstancia que los habitantes de estos territorios ya fueron considerados españoles en 1959, en el proceso de «provincialización» de las colonias africanas que España había ocupado y explotado desde el siglo anterior. Dicha condición duró hasta 1968 en el caso de Guinea y 1975 en el del Sáhara, cuando la primera obtuvo su independencia y el segundo fue ocupado ilegalmente por Marruecos y Mauritania, y abandonado al mismo tiempo por la antigua metrópoli. Los últimos españoles pasaron entonces a «disfrutar» de la nacionalidad ecuatoguineana, marroquí o saharaui (en este caso bajo la tutela argelina).

 Facilitar la nacionalidad española a los que fueron súbditos coloniales y luego nacionales españoles no sólo estaría justificado en términos de vínculos culturales y justicia histórica, sino que comportaría grandes beneficios a aquellas sociedades, sumidas en situaciones de pobreza y desigualdad, y gobernados por regímenes propensos a violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

 Que saharauis y ecuatoguineanos han mantenido, de distinta manera, sus vínculos culturales,  lingüísticos y personales con los españoles se hace evidente para cualquiera que visite o conozca a personas originarias de aquellos lugares. España sigue siendo el lugar privilegiado de emigración para unas poblaciones que se sienten profundamente vinculadas con la metrópoli que les tocó en suerte, en el injusto reparto europeo del continente africano.

 Que España tiene una deuda histórica para con ellas es también fácil de argumentar: durante décadas estuvieron sometidos a un reprobable sistema colonial. A la hora de retirarse, España no fue capaz de cumplir, en el caso del Sáhara, con las obligaciones establecidas por Naciones Unidas para las potencias administradoras. Mientras que en Guinea, el apoyo sistemático al clan gobernante ha contribuido al mantenimiento de un régimen represivo y empobrecedor de la población.

 Con todo, la razón más poderosa para facilitar la nacionalidad española a estas poblaciones es el potencial transformador que tendría para aquellos países. Si sus gobernantes tuvieran por ciudadanos a nacionales de otro estado, con facilidades para huir de la tiranía, serían mucho más cautelosos a la hora de negarles los derechos políticos y sociales más básicos. Los refugiados en Argelia tendrían otro lugar donde reconstruir sus vidas, suspendidas en el desierto más inhóspito desde hace 40 años. Y guineanos y saharauis se verían empoderados por su nueva situación para exigir que los abundantes recursos de sus territorios (petróleo en Guinea, fosfatos y pesca en el Sáhara) dejen de ser explotados para beneficio exclusivo de quienes hoy ocupan el poder.

 No dejemos pasar otros 500 años para que nuestros descendientes (quienesquiera que sean) intenten reparar daños que hoy podríamos más fácilmente atenuar».


Alicia Campos Serrano es profesora del Departamento de Antropología Social de la UAM.